Tras tres jornadas marcadas por suspensiones, confusiones técnicas y evidentes improvisaciones, la Fiscalía finalmente consiguió que el juez 50 penal con función de garantías avalara la imputación de cargos contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y diez de sus exfuncionarios en el controvertido caso Aguas Vivas.

Una fiscalía desorientada y un juez complaciente

Lo que debería ser un procedimiento técnico y riguroso se convirtió en un espectáculo de desconcierto cuando, en la audiencia inicial del 8 de abril, la fiscal Yarlesy Ximena Mena se mostró incapaz de articular con claridad cuáles eran los hechos jurídicamente relevantes que sustentarían la imputación. Después de más de seis horas de intentos fallidos, el juez no tuvo más remedio que suspender la diligencia ante los contundentes cuestionamientos de la defensa.

En la segunda jornada, realizada el 21 de abril, la situación alcanzó niveles absurdos: tras nueve horas de audiencia, los abogados defensores seguían señalando que sus representados no comprendían las razones por las cuales estaban siendo imputados. El juez se vio obligado a pedir a la fiscal que "volviera a hacer claridad en la imputación" - una circunstancia inusitada que expone la fragilidad técnica de todo el proceso.

Durante la audiencia final, observadores quedaron perplejos ante los constantes "mini recesos" solicitados por la fiscal, aparentemente para consultar información básica que cualquier funcionario mínimamente preparado debería dominar antes de presentarse a una imputación de esta magnitud. Más desconcertante aún fue la actitud del juez, quien en lugar de exigir rigor procesal, pareció adoptar un rol de auxiliar de la Fiscalía, guiando y corrigiendo a la funcionaria en un despliegue de parcialidad que contradice los principios de independencia judicial.

La imputación que nadie entiende

A pesar de estos notorios tropiezos procesales, Quintero fue imputado por peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción. Tanto él como los demás implicados se declararon inocentes de unas imputaciones que, después de tres audiencias, siguen siendo nebulosas.

La imputación parece aún más cuestionable cuando se contrastan las imputaciones con la evidencia documental que Quintero presentó públicamente semanas atrás, y que apunta en dirección contraria: los documentos muestran que fue el actual alcalde Federico Gutiérrez quien, durante su primer mandato (2016-2019):

1. Estableció la valoración del predio en 44 mil millones de pesos el 23 de julio de 2019.
2. Firmó el contrato para recibir el predio el 27 de diciembre de 2019, último día hábil de su gestión.
3. Creó el Decreto 2502 ese mismo día, pero con entrada en vigor para el 1 de enero de 2020, cuando ya no sería alcalde.

En otras palabras, la Fiscalía acusa a Quintero precisamente de lo que la evidencia documental sugiere que hizo Gutiérrez: firmar un contrato sin respaldo legal y luego intentar legalizarlo retroactivamente.

Una justicia bajo sospecha

El proceso está además contaminado por un flagrante conflicto de interés que nadie parece querer abordar: la exdirectora de Fiscalías de Medellín que inició la investigación contra Quintero ahora ocupa un cargo de confianza en el despacho de Federico Gutiérrez, el mismo que aparece vinculado a los hechos según la documentación presentada.

Este hecho llevó al exmagistrado Luis Antonio Hernández Barbosa, defensor de Quintero, a exigir que la Alcaldía de Medellín sea excluida del proceso como víctima, una solicitud que el juez no ha resuelto satisfactoriamente.

Quintero, quien recientemente anunció su candidatura presidencial para 2026, ha insistido en que este proceso es una persecución política diseñada para afectar sus aspiraciones. Lo cierto es que, observando el desarrollo de las audiencias, resulta difícil no ver en este caso un uso instrumental de la justicia con fines ajenos a la búsqueda de la verdad.

La ciudadanía de Medellín asiste perpleja a un proceso judicial donde las irregularidades no parecen estar en los actos del imputado, sino en el comportamiento de quienes lo imputa y juzgan.