La Fiscalía General de la Nación de Colombia ha iniciado una investigación sobre supuestas irregularidades en la campaña presidencial de Federico Gutiérrez de 2022. El proceso incluye la recopilación de documentación en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para esclarecer las posibles inconsistencias financieras de la campaña.
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Federico Gutiérrez, quien se presentó como candidato en las elecciones presidenciales de 2022, gastó un total de 24.000 millones de pesos. Fue el candidato con mayor inversión en la primera vuelta electoral, superando al actual presidente Gustavo Petro.
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La Fiscalía está examinando varios aspectos relacionados con la campaña, tales como el grupo significativo de ciudadanos que inscribió la candidatura de Gutiérrez, el manejo presupuestario y la ejecución de los recursos durante la primera vuelta, además de las cuentas del partido CREEMOS, que perdió su personería jurídica en abril de este año.
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Un foco crucial de la investigación es determinar si hubo gastos no reportados en los tiempos especificados a las autoridades electorales. Estas indagaciones preliminares son parte de un esfuerzo más amplio por parte de las autoridades para identificar cualquier posible mal manejo de recursos durante la campaña presidencial.
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En abril de este año, el partido CREEMOS, al que estaba asociado Federico Gutiérrez, perdió su personería jurídica, lo que representa otro golpe significativo para el excandidato en su panorama político.
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La Fiscalía continuará con sus diligencias para obtener una visión más clara sobre las presuntas irregularidades y determinar si se tomaron medidas financieras inapropiadas durante la campaña presidencial de 2022. La recopilación de documentación y la revisión de las cuentas del partido serán elementos clave en la resolución de esta investigación.
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Gutiérrez no ha emitido ningún comentario público en respuesta a esta investigación, y sus partidarios esperan los resultados de la misma para poder obtener mayor claridad sobre la situación. La revisión en curso busca asegurar la transparencia y conformidad con las leyes electorales vigentes en el país.