El caso de Kilmar Abrego García, inmigrante salvadoreño residente en Baltimore, ha cobrado notoriedad nacional tras ser deportado sin audiencia judicial el 12 de marzo de 2025 a El Salvador, a pesar de existir una orden judicial que prohibía esta acción. La administración del presidente Donald Trump reconoció el error, admitiendo que la deportación violó procedimientos y directrices legales.
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La jueza Paula Xinis, del Tribunal de Distrito de EE. UU. en Maryland, criticó severamente la falta de transparencia por parte del gobierno federal respecto a las gestiones emprendidas para favorecer el retorno de Abrego García a territorio estadounidense. Con un plazo fijado hasta las 18:00 horas del 23 de abril de 2025, Xinis emplazó a la administración Trump a detallar bajo declaración jurada las medidas efectuadas, rechazando la solicitud de una prórroga de siete días y calificando como infundada la argumentación del Ejecutivo sobre presuntos privilegios legales que impedirían compartir dicha información.
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El Tribunal Supremo de los Estados Unidos había ordenado dos semanas antes que se facilitara el retorno de Abrego García desde una prisión salvadoreña. Sin embargo, la Casa Blanca sostuvo que no estaba en su poder recuperar al inmigrante, postura descartada tanto por el máximo tribunal como por la jueza Xinis, quien requirió testimonios directos de funcionarios responsables.
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Además del caso de Abrego García, se reportó la deportación de más de 200 venezolanos bajo procedimientos similares, pese a órdenes judiciales que impedían su salida del país. Este patrón impulsó a otros jueces federales a emitir bloqueos temporales sobre las deportaciones de migrantes venezolanos, subrayando posibles vulneraciones legales por parte del Ejecutivo.
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A nivel personal, la esposa de Kilmar Abrego García, Jennifer Vasquez Sura, ha impulsado acciones para lograr su liberación. Tras la difusión de su dirección por funcionarios estadounidenses, ha sido blanco de amenazas y obligado a esconderse.
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El presidente Donald Trump, por su parte, aseveró públicamente que Abrego García pertenece a la pandilla MS-13; sin embargo, ni en Estados Unidos ni en El Salvador existen cargos formales en su contra. La defensa jurídica del migrante negó categóricamente tales señalamientos e insistió en la ausencia total de pruebas que respalden esa vinculación.
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El contexto de este caso evidencia profundas tensiones entre las políticas migratorias de la administración Trump y el rol del poder judicial federal en la protección de derechos y garantías procesales. La jueza Paula Xinis, quien fue nominada por el presidente Barack Obama y lleva cerca de una década en el tribunal federal, ha sido objeto de críticas tanto por su postura en favor de los derechos civiles como por la severidad atribuida en casos vinculados a las fuerzas del orden.
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El caso de Kilmar Abrego García expone las complejidades jurídicas y políticas que aún dominan el debate migratorio en Estados Unidos, y se mantiene en el centro del enfrentamiento institucional entre los poderes Ejecutivo y Judicial.