Un jurado en Dakota del Norte, compuesto por nueve personas, deliberó durante más de dos días antes de fallar en mayoría a favor de Energy Transfer, una empresa de petróleo y gas valorada en 70 mil millones de dólares, en su demanda contra Greenpeace. La organización ambientalista fue acusada de difamación y de llevar a cabo una "campaña de desinformación" que habría "incitado" a miles de personas a protestar contra el controvertido Dakota Access Pipeline en 2016 y 2017. La resolución establece que Greenpeace deberá desembolsar al menos 660 millones de dólares como indemnización.

Energy Transfer, basada en Dallas, argumentó que Greenpeace International y otras dos entidades de la organización formaban una sola estructura operativa, a pesar de la defensa de Greenpeace, que reiteró su independencia como red. Según Energy Transfer, Greenpeace actuó ilegalmente con el propósito de dañar la operación del oleoducto mediante acciones que provocaron, entre otras cosas, retrasos y costos adicionales.

Greenpeace ha anunciado que apelará la decisión, expresando su preocupación por las graves implicaciones que el fallo podría tener sobre el activismo y la libertad de expresión. Adicionalmente, indicó que el monto del fallo tiene el potencial de comprometer su viabilidad como organización en los Estados Unidos. Deepa Padmanabha, asesora legal de Greenpeace, criticó el proceso judicial, calificándolo como tendencioso y apuntando al sesgo evidente entre los jurados seleccionados, muchos de los cuales tenían vínculos con la industria de los combustibles fósiles. De los miembros del jurado, más de la mitad mantenían algún tipo de relación con esta industria.

En relación con las protestas, la tribu Sioux de Standing Rock, la principal afectada por el proyecto del Dakota Access Pipeline, afirmó mediante un comunicado que ha enfrentado serios problemas para obtener información sobre la seguridad del oleoducto por parte de Energy Transfer. Además, consideró que este litigio tuvo como propósito silenciar las críticas legítimas frente a los riesgos ambientales y culturales que representa el oleoducto. Durante el juicio, se reveló que Energy Transfer ofreció incentivos financieros a la tribu para detener las protestas, propuesta que fue rechazada.

El juicio, que se extendió por cinco semanas, ha sido catalogado como un ejemplo clásico de una SLAPP (demandas estratégicas contra la participación pública), un mecanismo legal que, según los críticos, busca desgastar y silenciar a opositores mediante largos y costos procesos judiciales. La organización ambientalista también confirmó su intención de presentar una demanda anti-SLAPP contra Energy Transfer en los Países Bajos como parte de su defensa a nivel global.

Por otro lado, Energy Transfer celebró la resolución del jurado, reconociéndola como una victoria para la comunidad local de Mandan y los derechos de los estadounidenses. Trey Cox, abogado de la empresa, calificó al veredicto de "contundente", argumentando que las acciones de Greenpeace traspasaron los límites legales.

Un informe de la comisión de monitoreo del juicio criticó fuertemente el proceso, calificándolo de "profundamente defectuoso" y señalando que Greenpeace no tuvo oportunidad de presentar su defensa de manera plena, lo que muchos han interpretado como un sesgo hacia Energy Transfer durante el procedimiento legal.

El Dakota Access Pipeline, con una longitud cercana a los 1,900 kilómetros, ha sido objeto de múltiples controversias desde su construcción, no solo por su impacto ambiental, sino también por atravesar territorios sagrados e históricos para las comunidades indígenas en los Estados Unidos.