El caso de Kilmar Abrego García, un ciudadano salvadoreño deportado por error en marzo de 2025 desde Maryland a El Salvador, ha desatado intensas repercusiones legales y políticas. Abrego García había recibido en 2019 una orden judicial que le otorgaba protección contra la deportación debido a la posibilidad de persecución por parte de pandillas como la MS-13. Sin embargo, un error administrativo bajo la administración de Donald Trump llevó a su deportación.

El 7 de abril de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó unánimemente que la administración debía facilitar el regreso de Abrego García al país, en cumplimiento con la orden de la jueza Paula Xinis que prohibía su envío a El Salvador. Pese al requerimiento judicial, la administración Trump ha manifestado resistencia, argumentando que el regreso depende totalmente de que El Salvador lo permita.

El tema escaló durante una reunión el 14 de abril de 2025 en la Casa Blanca, donde el presidente salvadoreño Nayib Bukele declaró que no devolvería a Abrego García, calificando la solicitud estadounidense como "preposterosa" y añadiendo que su devolución no es competencia de El Salvador. A esto se sumaron las declaraciones de Stephen Miller, asesor principal de Trump, quien respaldó la deportación, afirmando que Abrego García fue "enviado al lugar correcto". Por su parte, la Fiscal General Pam Bondi sugirió que, en caso de que El Salvador aprobara el regreso, Estados Unidos proveería un avión para trasladarlo.

Abrego García permanece detenido en el Centro de Confinamiento de Terrorismo (CECOT) en El Salvador, un complejo conocido por sus estrictas condiciones y criticado por organizaciones de derechos humanos. Hasta el momento, se ha confirmado que se encuentra "vivo y seguro". La complejidad del caso también incluye un desembolso de 6 millones de dólares de la administración estadounidense a El Salvador para el mantenimiento de deportados en el CECOT, que actualmente alberga a más de 200 personas, incluidos 238 venezolanos y 23 salvadoreños como Abrego García, deportados en el mismo período.

Los abogados de Abrego García han advertido sobre la posibilidad de solicitar una orden de desacato contra la administración Trump si no se acatan las órdenes judiciales para su retorno. La jueza Paula Xinis ha ordenado que se le proporcionen actualizaciones diarias sobre el caso y planea realizar una audiencia para evaluar el cumplimiento de su dictamen.

El caso también ha sacado a la luz acusaciones de la administración estadounidense contra Abrego García, señalándolo como miembro de la MS-13, acusación que ha sido negada categóricamente por sus abogados y que carece de pruebas concretas. Las tensiones judiciales y diplomáticas continúan, mientras el futuro de Abrego García permanece en incertidumbre.

El Centro de Confinamiento de Terrorismo (CECOT) fue inaugurado en 2023 y es considerado una de las prisiones más grandes de América Latina, diseñada específicamente para albergar a miembros de pandillas y personas deportadas por razones de seguridad nacional.