El mandatario estadounidense Donald Trump estableció nuevas directrices para la compra gubernamental de medicamentos, fijando una reducción de precios entre el 30% y el 80% para los fármacos adquiridos a través de Medicare y Medicaid, programas que juntos cubren a unos 150 millones de personas: aproximadamente 70 millones mayores de 65 años o con discapacidades (Medicare) y cerca de 80 millones de bajos ingresos (Medicaid). El decreto, firmado en la Casa Blanca el 12 de mayo, obliga a las farmacéuticas a negociar rebajas de precios con la administración federal en un plazo de 30 días. De no alcanzarse un acuerdo, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., podrá equiparar el costo de los medicamentos estadounidenses al de otros países desarrollados mediante el mecanismo de “la nación más favorecida”.
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Trump afirmó que la medida permitirá ahorros “de billones de dólares” para los contribuyentes. Sin embargo, esta cifra ha sido tildada de exagerada por algunos analistas. Todavía no está definido si la reducción de precios beneficiará a la mayoría de pacientes con seguros médicos privados.
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Durante la presentación, Trump criticó a la Unión Europea y en particular a Alemania, asegurando que hasta ahora EE. UU. ha estado subvencionando los sistemas de salud europeos. Ordenó además una investigación comercial sobre países que, según él, extorsionan a empresas farmacéuticas estadounidenses.
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El decreto fue anunciado bajo un clima de tensión con la industria farmacéutica, cuyos representantes han expresado rechazo frontal a las nuevas disposiciones. Alex Schriver, directivo de la organización PhRMA, principal grupo de presión del sector, advirtió que la intervención directa en los precios podría perjudicar la inversión en investigación y desarrollo, además de considerarla perjudicial para los pacientes.
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Las acciones bursátiles de compañías como Eli Lilly, Pfizer, Bristol-Myers Squibb y Merck sufrieron caídas antes de la apertura de la Bolsa de Nueva York tras conocerse el anuncio. Trump insistió en que el recorte podría alcanzar “59% o más”, lo que agudizó la reacción negativa en los mercados.
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La aplicación definitiva del decreto requerirá respaldo del Congreso estadounidense, ya que implica modificaciones trascendentales en las políticas de contratación pública y la ampliación de las facultades ejecutivas. La medida se fundamenta, según el presidente, en el hecho de que, aunque la población estadounidense representa solo el 4% mundial, el país es responsable de más de dos tercios de las utilidades globales del sector farmacéutico.