Desde el 20 de enero, la administración Trump ha impulsado una agenda acelerada, con al menos 145 acciones para revocar y debilitar regulaciones ambientales, según investigaciones de las escuelas de Derecho de Columbia y Harvard y comunicados oficiales. Este total ya sobrepasa las aproximadamente 110 regulaciones revertidas en el periodo presidencial anterior, lo que representa un promedio superior a una acción por día.
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Entre las principales medidas figuran la derogación de políticas climáticas introducidas en la administración de Joe Biden, la congelación de fondos para iniciativas climáticas y la salida formal de Estados Unidos de los acuerdos de París. La administración también ha reescrito estándares de emisiones para automóviles, camiones y plantas de energía, abriendo vastas áreas del país como el Ártico a nuevas concesiones petroleras y de gas.
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Otras disposiciones incluyen el levantamiento de restricciones a la pesca comercial en áreas antes destinadas a la conservación oceánica y la autorización para talar aproximadamente la mitad de los bosques nacionales del país con fines madereros. Asimismo, se han reducido significativamente las protecciones para especies amenazadas y disminuido la superficie de monumentos nacionales.
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Trump ha brindado apoyo explícito al sector de combustibles fósiles, revocando límites a la emisión de gases de efecto invernadero y toxinas como el mercurio e eliminando regulaciones de seguridad para oleoductos. Entre sus primeras órdenes, el presidente declaró una “emergencia energética” que omite cualquier referencia a energías renovables, instruyendo la reactivación de la industria del carbón y otorgando exenciones a plantas de carbón respecto a las normas de aire limpio. Adicionalmente, bloqueó la aprobación de nuevos proyectos solares y eólicos, afirmando que las instalaciones de estas fuentes resultan “feas” y “asquerosas”.
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La administración ha promovido la extracción de combustibles fósiles y minerales a nivel nacional, con instrucciones para acelerar permisos y abrir el lecho marino del Pacífico a la minería. El gabinete y portavoces de la Casa Blanca han destacado la premura con que se han alcanzado estos resultados, describiéndolos como “históricos”.
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No obstante, especialistas resaltan que Estados Unidos ya registraba extracciones récord de petróleo y gas, superando el consumo interno y consolidándose como uno de los mayores exportadores mundiales de estos recursos. El incremento del uso de combustibles fósiles contribuye al calentamiento global, implicando fenómenos asociados como olas de calor, inundaciones y sequías.
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El 12 de marzo, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) anunció 31 medidas adicionales para revisar y postergar la implementación de estándares dirigidos a la reducción de la contaminación, los cuales, según previsiones, estaban proyectados para salvar 200,000 vidas. Asimismo, la EPA comunicó la reconsideración de la peligrosidad de los gases de efecto invernadero sobre la salud pública.
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El ritmo de cambios ha sido calificado por analistas y activistas climáticos como el más radical y veloz hasta la fecha, señalando que parte de estas acciones podrían vulnerar el marco legal vigente. Numerosos procesos judiciales se han iniciado o se prevén contra las nuevas normas, mientras expertos advierten que la presión sobre la estructura regulatoria de Estados Unidos podría derivar en la invalidación de muchas de estas iniciativas o un retroceso significativo en la protección ambiental del país.