Ksenia Karelina, quien posee la nacionalidad rusa-estadounidense y tiene 33 años, ha sido condenada a 12 años de prisión en Rusia por cargos de traición. Karelina fue arrestada en enero de 2024 durante una visita familiar a Ekaterimburgo y fue sentenciada luego de que las autoridades determinaran que una donación de $51.80 realizada el 22 de febrero de 2022 a la organización benéfica Razom for Ukraine constituía un acto de traición. Esta organización se dedica a ofrecer ayuda humanitaria a Ucrania.
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El juicio, que se llevó a cabo a puerta cerrada, resultó en la declaración de culpabilidad parcial por parte de Karelina. Sin embargo, su abogado, Mikhail Mushailov, subrayó que ella no admitió haber tenido la intención de financiar actividades militares en Ucrania. Según los servicios de seguridad rusos (FSB), la donación de Karelina fue utilizada para la compra de suministros médicos tácticos y armamento para las fuerzas armadas de Ucrania.
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Inicialmente, el tribunal había solicitado una pena de 15 años, pero finalmente la condena fue reducida a 12 años en un penal de régimen general. La situación de Karelina, que había vivido en Los Ángeles y obtenido la ciudadanía estadounidense en 2021, se complicó aún más cuando intentó recuperar su teléfono confiscado por las autoridades rusas el 27 de enero de 2024, dispositivo que contenía información relacionada con la donación.
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La decisión del tribunal ha suscitado una reacción enérgica de parte de la comunidad internacional. John Kirby, portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, condenó la sentencia calificándola como "crueldad vengativa". Además, el gobierno de Estados Unidos ha asegurado que trabajará para obtener acceso a Karelina y gestionar su liberación. No obstante, aún no ha sido oficialmente declarada como "detenida injustamente", lo cual podría facilitar un eventual intercambio de prisioneros.
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Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Rusia ha intensificado sus medidas represivas contra la disidencia interna. Se han promulgado leyes que criminalizan cualquier crítica a la guerra y se han abierto más de 1,000 casos penales contra opositores de la misma. Este contexto de represión ha llevado a numerosos arrestos, incluido el caso de Ksenia Karelina, que muestra el rigor implementado por las autoridades rusas para silenciar cualquier forma de apoyo o simpatía hacia Ucrania.
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El gobierno ruso ha defendido sus acciones alegando que la seguridad nacional y la estabilidad del país están en juego, mientras que organismos de derechos humanos y miembros de la comunidad internacional continúan denunciando lo que consideran una violación flagrante de las libertades civiles y los derechos humanos. La organización Razom for Ukraine, con sede en Nueva York, fue fundada en 2014 y ha centrado sus esfuerzos en proporcionar ayuda humanitaria y apoyo logístico a Ucrania, especialmente desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.