El Tribunal Internacional de Justicia (ICJ) ha emitido una orden para que Israel detenga su ofensiva militar en Rafah, una ciudad sureña de Gaza, en respuesta a la grave crisis humanitaria denunciada. Esta decisión es un intento de frenar las acciones que podrían poner en peligro la vida de los civiles palestinos en la región. La clasificación de "desastrosa" por parte del presidente del ICJ, Nawaf Salam, resalta la severidad de la situación. Sin embargo, es importante destacar que aunque la orden es legalmente vinculante, la corte no tiene poder para ejecutarla directamente.
La intervención del ICJ es la tercera significativa en el actual conflicto, sumándose a las acciones previas del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. Dicho fiscal ha solicitado órdenes de arresto contra altos funcionarios tanto de Hamas como de Israel, acusándolos de crímenes de guerra. Este contexto resalta la complejidad y la alta tensión que persiste en la región, en un conflicto con profundas implicaciones tanto locales como internacionales.
A pesar de la orden emitida, Israel ha intensificado los ataques en Gaza, particularmente en Rafah, generando preguntas sobre el cumplimiento de la resolución del ICJ. Ministros israelíes han declarado públicamente que no obedecerán la directiva del tribunal, lo que añade una capa de desafío y resistencia a la implementación de esta orden. La comunidad internacional, incluidas naciones como el Reino Unido y Estados Unidos, enfrentan ahora una presión creciente para influir en la postura de Israel y buscar una solución diplomática al conflicto.
La Autoridad Palestina y Hamas han recibido positivamente la decisión del tribunal. Sin embargo, Hamas ha enfatizado que la ofensiva israelí debería cesar en toda Gaza, no solo en Rafah. Esta situación pone de manifiesto las diferencias internas y las expectativas de las partes involucradas, complicando aún más los esfuerzos para lograr un alto el fuego y una paz duradera.