Según información proporcionada por grupos sin fines de lucro y datos oficiales, se ha documentado la deportación de casi 20,000 menores a Rusia desde el inicio de la invasión militar en Ucrania en febrero de 2022. Esta situación, de acuerdo con las mismas fuentes, ha resultado en la desaparición de 2,008 niños, la muerte de 551 y lesiones en 1,388. Asimismo, se ha reportado que un total de 388 menores han sido repatriados.
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Estas transferencias forzadas de menores son consideradas como potenciales crímenes de guerra conforme al derecho internacional. Los niños deportados son despojados de su identidad y nacionalidad, lo que dificulta enormemente su retorno y reintegración a la sociedad ucraniana. En numerosos casos, la falta de documentos y la existencia de nuevos nombres impiden el adecuado seguimiento de estos menores, haciendo de las pruebas de ADN un recurso esencial para su identificación y reunión con sus familias.
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Sorprendentemente, las autoridades rusas han admitido y hasta celebrado un proceso de "desucranización" de estos menores, cambiando sus nombres y apellidos, adoptándolos o albergándolos en refugios. Estas acciones han hecho imposible su retorno a Ucrania.
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El portal digital abierto por el gobierno ucraniano ha revelado cifras y casos alarmantes, incluyendo los de 15 niños abusados sexualmente. Este portal facilita el seguimiento y documentación de los menores deportados, haciendo evidente la gravedad de la situación.
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Durante un simposio organizado por la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP), se presentó el caso de un niño ucraniano deportado a los 16 años que fue ubicado en una familia de acogida rusa. Este y otros casos destacados han sido calificados como "crímenes de guerra" y "tortura o trato inhumano", y la información relevante ha sido enviada a la Corte Penal Internacional (CPI).
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Las deportaciones han sido ejecutadas principalmente de dos maneras: separando a los niños de sus familias y trasladándolos forzosamente a territorio ruso, o sacándolos de instituciones ucranianas como orfanatos situados en áreas bajo control del Kremlin. En ambas circunstancias, el regreso de los menores que han logrado regresar plantea serios problemas de identificación y reintegración.
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La importancia de preservar la identidad en un contexto de separación forzada es fundamental y este fenómeno subraya la validez psicológica de los análisis genéticos. Ucrania ha instaurado un registro digital estatal de ADN y un consejo de coordinación dedicado al retorno y reintegración de todos los niños deportados, como esfuerzos para contrarrestar las secuelas de la guerra en su población infantil.