En una operación internacional que evidenció la colaboración entre las autoridades colombianas y la Policía Judicial de Francia, se logró desmantelar una red de policías implicados en el tráfico de mujeres desde Medellín hacia Europa. El desmantelamiento de esta red se originó después de la captura en Europa del proxeneta griego Georges Kalliterakis, conocido como “León”.
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Carlos Augusto Fernández Raigosa, un expolicía de 40 años, fue condenado a 84 meses de prisión tras admitir su responsabilidad en el tráfico de personas. Su condena fue reducida a la mitad el 13 de septiembre de 2024. Fernández, quien ostentaba el rango de intendente en la Policía Nacional, se destacó como el principal reclutador de mujeres, ofreciéndoles trabajos como modelos webcam en Francia con un salario inicial de mil euros semanales.
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La Fiscalía colombiana también identificó a dos cómplices en la red de trata de mujeres: Diego Cárdenas Gaitán y Jorge Restrepo Lemus, este último aún miembro activo de la Policía. A las víctimas se les exigían fotos en ropa interior como parte de un proceso de selección antes de su traslado a Europa. Fernández fue responsable del traslado de al menos una víctima al aeropuerto internacional de Rionegro en septiembre de 2022.
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Una vez en Europa, las mujeres eran obligadas a ejercer la prostitución y sus pasaportes les eran confiscados para evitar su huida. Los ingresos por la explotación semanal de cada mujer oscilaban entre los 5,000 y los 6,000 euros, mientras que las víctimas solo recibían 10 euros diarios para cubrir sus necesidades básicas.
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El abogado de Fernández argumentó que su cliente fue inducido a participar en la organización por las ventajas que ofrecían las conexiones con la fuerza pública, afirmando además que su papel dentro de la red era menor al que la Fiscalía describía. Se reveló que los policías involucrados podían recibir comisiones de hasta 2 millones de pesos (aproximadamente 478 dólares) por cada víctima reclutada.
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Un informe de la Procuraduría de Colombia detalló que, para 2023, existían 51 investigaciones sobre la complicidad de funcionarios en redes de trata de personas. Ese año, la Fiscalía colombiana recibió 22 solicitudes internacionales para investigar este delito y emitió 47 alertas criminales en cooperación con gobiernos extranjeros.
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Este incidente se suma a otros casos en los que miembros de la fuerza pública en Colombia han sido implicados en actividades delictivas relacionadas a la trata de personas. En 2022, se reportaron 1,273 posibles víctimas de trata en el país, de las cuales al menos la mitad fueron explotadas sexualmente. El tráfico de personas es la tercera actividad ilegal más lucrativa del mundo, después del tráfico de drogas y armas, lo que subraya la magnitud y gravedad de este delito global.