La demanda, presentada el lunes ante un tribunal federal, sostiene que Adobe inscribió a los clientes en su plan de suscripción anual más oneroso sin revelar de manera clara los términos cruciales del servicio. Los usuarios se encontraron atrapados en suscripciones de un año, con tarifas de cancelación anticipada ocultas que podían ascender a varios cientos de dólares.
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El Departamento de Justicia acusa a Adobe de ocultar las condiciones de su plan anual pagado mensual en letra pequeña y detrás de cuadros de texto opcionales e hipervínculos. Además, no se divulgaban adecuadamente las tarifas por terminación anticipada que se aplicaban al cancelar la suscripción. El proceso de cancelación fue descrito como tedioso y complicado, requiriendo múltiples páginas web y ventanas emergentes, lo que desalentaba a los usuarios de proceder con la cancelación. Obstáculos similares se encontraron al intentar cancelar suscripciones por teléfono o a través de chats en vivo.
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La demanda también menciona a los ejecutivos de Adobe, Maninder Sawhney y David Wadhwani, quienes estarían implicados en las prácticas engañosas. Desde que Adobe cambió su modelo de negocio en 2012, pasando de licencias perpetuas de software a suscripciones mensuales o anuales, muchos usuarios, especialmente creativos que dependen de productos como Photoshop e Illustrator, han expresado su frustración.
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El propósito de la demanda es abordar las supuestas violaciones de Adobe a las leyes federales de protección al consumidor. El gobierno busca medidas cautelares, multas civiles y otras formas de compensación. Por su parte, Adobe ha manifestado su intención de disputar las acusaciones en corte, resaltando la conveniencia y transparencia de sus servicios de suscripción. Cabe destacar que los ingresos por suscripciones han aumentado significativamente en los últimos años, representando una porción mayoritaria de los ingresos anuales totales de Adobe.
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Esta acción legal llega en un contexto de creciente escrutinio regulatorio sobre Adobe, que se intensificó tras el intento fallido de la empresa de adquirir Figma debido a preocupaciones antimonopolio. El caso reafirma el compromiso del gobierno en responsabilizar a las empresas por prácticas engañosas y asegurar la protección del consumidor en el mercado digital.