La ciudad de Los Ángeles enfrenta una de las operaciones de seguridad más grandes en décadas. El despliegue, confirmado por el Pentágono el 9 de junio de 2025, movilizó a aproximadamente 700 marines del 2º Batallón, 7ª Marines, 1ª División de Marines. Los efectivos se integraron bajo el Task Force 51, comandado por el Mayor General Scott M. Sherman, con la misión de proteger al personal y propiedad federales en la región. Este cuerpo incluye también a 2,100 soldados de la Guardia Nacional entrenados en control de multitudes y desescalada.
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Las protestas se han centrado en la oposición a las redadas de inmigración ejecutadas por ICE, que en cuatro días resultaron en la detención de más de 200 personas en el área de Los Ángeles. Hay reportes de procedimientos sin órdenes judiciales, lo que ha generado preocupación en organizaciones civiles y desató manifestaciones masivas, en las que la American Civil Liberties Union (ACLU) ha tenido un rol activo exigiendo el fin de las redadas y un trato humano para los detenidos.
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En los disturbios, alrededor de 60 manifestantes fueron arrestados y se reportan tres policías heridos. El presidente de SEIU California, David Huerta, fue aprehendido en una de las redadas y enfrenta cargos por conspiración para obstruir a un oficial, con una posible condena de hasta seis años de prisión. Huerta salió bajo fianza tras el pago de US$ 50,000.
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Al tiempo que las fuerzas del orden, incluida la policía local con refuerzos de ciudades vecinas, empleaban gases lacrimógenos y otras medidas de dispersión, se registraron actos de vandalismo y violencia, intensificando la tensión en el centro de la ciudad.
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El gobernador Gavin Newsom ha cuestionado el despliegue de la Guardia Nacional, tildando la medida de abuso de poder y advirtiendo que representa una violación de la ley federal, ya que la federalización de tropas debe coordinarse con el gobernador del estado. Newsom anunció la interposición de una demanda contra el gobierno federal por considerar la acción "inmoral" e "inconstitucional".
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Por su parte, el presidente Donald Trump defendió la intervención militar como necesaria para la preservación del orden y amenazó con tomar medidas contra Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, quienes han mostrado su rechazo a la presencia federal.
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El despliegue de la Guardia Nacional y marines en Los Ángeles es el primero de esta magnitud desde los disturbios de 1992. El operativo constituye un precedente por el uso de la autoridad presidencial para federalizar fuerzas en un estado sin la solicitud expresa del gobernador, un hecho que agrava la controversia política y social que atraviesa el estado de California en torno al tema migratorio y los límites de la intervención federal.