El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), bajo el amparo de las Naciones Unidas, ha presentado un exhaustivo informe en el que se documenta la implicación del Ejército de Nicaragua en la represión de las protestas sociales de 2018. Más de 350 asesinatos resultaron de las operaciones sistemáticas llevadas a cabo en dicho periodo, en el que se implementaron tácticas letales por órdenes directas del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.

El informe detalla que el 20 de abril de 2018, oficiales del Comando de Operaciones Especiales participaron en una reunión en la que se discutieron estrategias frente a lo que calificaron como un "golpe de Estado" promovido por organizaciones civiles. Durante este encuentro, Bayardo Rodríguez, jefe del Estado Mayor del Ejército, comunicó una orden presidencial para "neutralizar" las manifestaciones. Esto dio lugar a operaciones conjuntas entre la Policía Nacional, militares y grupos armados progubernamentales.

Según las pruebas presentadas, se emplearon armas letales y francotiradores para reprimir a los manifestantes. Los disparos fueron dirigidos a partes vitales del cuerpo, resultando en numerosas ejecuciones extrajudiciales. Además, se verificó el uso de tácticas de combate destinadas a eliminar, no solo dispersar, a las multitudes. Estas acciones evidencian una sistemática violación de derechos humanos que los expertos califican como crímenes de lesa humanidad.

El Ejército de Nicaragua desempeñó un papel clave en la red de control instaurada por el gobierno, colaborando en estrategias de vigilancia e inteligencia que facilitaron la identificación, persecución y captura de disidentes. Junto con la Policía Nacional y grupos armados afines al régimen, se consolidó un sistema represivo que fomentó un clima de temor entre la población opositora.

Desde la crisis de 2018, el gobierno de Ortega y Murillo ha desmantelado los contrapoderes institucionales, consolidando un Estado autoritario con la reciente reforma constitucional del 18 de febrero de 2025. Este cambio profundizó la centralización del poder en el Ejecutivo, dejándolo sin contrapesos democráticos. Paralelamente, se intensificaron las detenciones arbitrarias y se incrementaron las medidas de privación de nacionalidad. En septiembre de 2024, 135 presos políticos fueron expulsados hacia Guatemala, sumando un total de 452 ciudadanos despojados de su nacionalidad por motivos políticos.

El informe emitido por el GHREN advierte que la comunidad internacional debe tomar acciones inmediatas para contrarrestar estas violaciones, entre las cuales destacan la presentación de casos legales ante la Corte Internacional de Justicia por incumplimiento de la Convención contra la Tortura y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia. De igual modo, los expertos recomiendan procesos de asilo justos y expedidos para las personas que han sido forzadas al exilio tras perder su nacionalidad o ser víctimas de persecución.

Por último, se enfatiza que la represión no solo afecta a las víctimas directas, sino que también configura un escenario donde la inacción internacional refuerza al régimen autoritario. “La inacción de la comunidad internacional solo fortalece a los regímenes autoritarios”, subrayaron los expertos, incitando a una respuesta firme y decidida para frenar los abusos en Nicaragua.