El presidente Gustavo Petro ha anunciado la realización de una consulta popular en Colombia para que los ciudadanos tomen una decisión definitiva sobre las reformas laboral y de salud, propuestas que han encontrado serios obstáculos en su trámite por el Congreso, especialmente con el estancamiento de la reforma laboral en el Senado. Este mecanismo busca superar lo que el mandatario ha denominado como un "bloqueo institucional".
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La consulta popular en cuestión está reconocida por la Corte Constitucional como una herramienta de democracia directa, que permite a los ciudadanos votar sobre preguntas específicas. Si es aprobada, el Estado está obligado a implementar las decisiones resultantes. En este caso, el presidente podrá convocarla con la firma de todos sus ministros o mediante la recolección de firmas equivalentes al 5% del censo electoral actual, que asciende a 40,963,370 ciudadanos registrados.

Para que el resultado de la consulta sea vinculante, se requiere la participación de al menos el 33.3% del censo electoral, es decir, un mínimo de 13,654,457 votos. El procedimiento también establece que la consulta, una vez respaldada por el Consejo de Ministros, debe ser aprobada por el Senado. Si recibe el visto bueno legislativo, el presidente contará con un plazo de ocho días para firmar el decreto que fije su fecha, la cual debe estar dentro de los tres meses siguientes a la aprobación de la consulta.
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En términos de impacto, si la consulta recibe el apoyo mayoritario (un "sí"), el Congreso estará obligado a adoptar las reformas en cuestión dentro del mismo período de sesiones en el que se lleve a cabo la votación o, máximo, en el siguiente. Si el legislativo no actúa en ese tiempo, Petro podría implementar las reformas mediante decreto con fuerza de ley en un lapso no mayor a 15 días.

Sin embargo, el anuncio de la consulta popular ha provocado una fuerte reacción por parte de la oposición. El expresidente Iván Duque declaró que las reformas propuestas por el gobierno de Petro buscan perjudicar el empleo y el sistema de salud en Colombia, calificándolas como destructivas. Por su parte, la congresista Katherine Miranda consideró la iniciativa como una "trampa del Gobierno". Gustavo Petro respondió tajantemente a estas críticas, aseverando que las reformas buscan dignificar tanto a los trabajadores como al sistema de salud y que la consulta es un método legítimo para darle la última palabra al pueblo.
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El presidente también recordó que esta no será la primera consulta de estas características en la política colombiana, haciendo referencia a una consulta promovida por la exalcaldesa Claudia López y Katherine Miranda en el pasado. Petro destacó que su consulta tiene "medidas concretas" dirigidas a beneficiar a sectores vulnerables, diferenciándola, según él, de la iniciativa anterior, que calificó de ineficaz.

El contexto político de esta decisión está marcado por la resistencia que han enfrentado las reformas del gobierno en el Congreso. Ante la falta de apoyo legislativo, la consulta popular se plantea como una estrategia para movilizar el respaldo ciudadano. Petro insiste en que este mecanismo no sólo es legal, sino también una forma de afianzar la soberanía popular frente a un Congreso dividido que, en sus palabras, dificulta avanzar en mejoras significativas para los colombianos.
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La realización de esta consulta dependerá ahora de los trámites legislativos, los plazos establecidos y la movilización ciudadana necesaria para alcanzar el umbral de participación exigido. Mientras tanto, el debate sobre las reformas y el papel de este mecanismo democrático sigue polarizando las posturas políticas en el país.

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El requisito del 33.3% de participación para validar una consulta popular, presente en Colombia, es uno de los más altos en América Latina, estableciendo un umbral exigente para garantizar la vinculación del resultado.