Un escándalo está sacudiendo las instituciones judiciales y administrativas de Medellín. El actual alcalde Federico Gutiérrez ha contratado como su directora de despacho a Yiri Milena Amado Sánchez, la misma funcionaria que, como directora de Fiscalías de Medellín, encabezó la investigación contra su antecesor y rival político Daniel Quintero. Este aparente conflicto de interés levanta serias dudas sobre la legitimidad del proceso judicial que enfrenta el exalcalde, quien está a punto de ser imputado por supuestas irregularidades en la compra del lote Aguas Vivas.

Una investigación con vínculos demasiado estrechos

Según una exhaustiva investigación realizada por el medio Nación Paisa, la relación entre la administración Gutiérrez y la Fiscalía de Medellín va mucho más allá de lo institucionalmente aceptable. "Quien acusa a Quintero es el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que presuntamente ha suscrito en el pasado acuerdos de cooperación con la Fiscalía Seccional de Medellín y quien llevó a trabajar a la directora de Fiscalías de Medellín como su empleada y ahora mano derecha", revela el informe periodístico.

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La contratación de Amado Sánchez como directora de despacho del alcalde representa un caso evidente de conflicto de interés. La ahora funcionaria municipal fue precisamente quien, desde su posición de autoridad en la Fiscalía, impulsó y coordinó la investigación que hoy amenaza con llevar a Quintero a prisión. Este traslado laboral, de investigadora a colaboradora directa del principal rival político del investigado, compromete seriamente la apariencia de imparcialidad que debe caracterizar a la justicia.

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Fuentes cercanas a la Alcaldía, que pidieron reserva de su identidad, han confirmado a Nación Paisa que el reclutamiento de personal judicial no se limita a Amado Sánchez: "Presuntamente se reunían y su amistad ahora es evidente con el contrato que ella aceptó para trabajar de la mano con Federico Gutiérrez. Y al parecer no está sola, también habrían buscado, presuntamente, a agentes de Policía Judicial y del CTI para que engrosaran el equipo asesor."

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Presuntos beneficios judiciales a cambio de testimonios contra Quintero

Las irregularidades denunciadas van más allá de la contratación de la exfuncionaria judicial. De acuerdo con fuentes consultadas por Nación Paisa, existiría un esquema para obtener testimonios en contra del exalcalde: "Funcionarios de la Fiscalía en Medellín habrían ofrecido varios principios de oportunidad, preacuerdos o beneficios judiciales a varios de los implicados para que declaren en contra de Daniel Quintero."

Esta grave acusación, de comprobarse, constituiría una violación a los principios fundamentales del debido proceso y pondría en tela de juicio toda la investigación contra Quintero y sus exfuncionarios.

La audiencia que se aproxima bajo sombra de dudas

Para el próximo 25 de marzo está programada la audiencia de imputación de cargos contra Daniel Quintero y varios de sus exfuncionarios, entre ellos Carlos Mario Montoya Serna, Karen Bibiana Delgado Manjarrés, Sergio Andrés López Muñoz, Alethia Carolina Arango Gil, Ingrid Vanessa González Montoya, Leidy Jiménez Echavarría, Yina Marcela Pedroza Gómez, Fabio Andrés García Trujillo y Natalia Andrea Jiménez Pérez. También serán imputados tres representantes del sector privado: José Fernando Rueda Salazar, Juan Diego de Jesús Moreno Barón y Juan Manuel Villegas Márquez.

Los delitos que les serían imputados incluyen peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción. Según la Fiscalía, Quintero habría firmado un decreto que modificó el uso del suelo del lote Aguas Vivas, aumentando su valor con la intención de que la administración distrital lo comprara por 50.000 millones de pesos para el proyecto Valle del Software.

La sentencia anunciada: ¿información privilegiada?

En un hecho que ha generado alarma entre juristas y observadores políticos, el propio secretario privado del alcalde Gutiérrez, Simón Molina, ha anticipado públicamente el resultado del proceso judicial contra Quintero. "Esta vez sí va ir a la cárcel", afirmó Molina, sugiriendo que cuenta con información privilegiada sobre el desenlace de un juicio que aún no ha comenzado formalmente.

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Esta declaración, sumada a la contratación de Amado Sánchez, refuerza la percepción de que existe una coordinación entre la Alcaldía de Gutiérrez y sectores de la Fiscalía para asegurar una condena contra Quintero.

La paradoja del lote Aguas Vivas: acusando por lo que aprobó

La inconsistencia más evidente en las acusaciones contra Quintero tiene que ver con la valoración del lote Aguas Vivas, núcleo central de la investigación. Federico Gutiérrez ha acusado a Quintero de haber revalorizado irregularmente este predio de 2.700 millones a 48.000 millones de pesos. Sin embargo, documentos oficiales desvelados por el exalcalde Quintero demuestran que dicha valoración ya existía durante la primera administración de Gutiérrez.

Un documento oficial fechado el 23 de julio de 2019, cuando Gutiérrez era alcalde en su primer mandato, establece la valoración del predio Aguas Vivas en 44.000 millones de pesos. El cálculo detallado muestra que esta cifra se obtuvo sumando el valor del área urbana (10.510 m² a $971.004/m², totalizando 10.210 millones de pesos) y del área rural (120.447 m² a $281.318/m², sumando 33.889 millones de pesos).

Esta evidencia documental socava completamente las acusaciones de Gutiérrez contra Quintero, ya que demuestra que el actual alcalde está denunciando una valoración que fue realizada y aprobada durante su propia administración anterior.

Silencio ante las preguntas incómodas

Ante estas graves inconsistencias y el evidente conflicto de interés, el equipo periodístico de Nación Paisa intentó obtener respuestas de la administración Gutiérrez. Se formularon preguntas específicas sobre quién autorizó la contratación de la exdirectora de Fiscalía, cuál es su vínculo actual con la Alcaldía, y si se han contratado más funcionarios de la Fiscalía para la administración actual.

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La respuesta de la Alcaldía fue un preocupante silencio. Según reporta Nación Paisa, la oficina del alcalde se limitó a informar que darían tratamiento de derecho de petición a estas preguntas, pero pasados once días aún no han ofrecido ninguna respuesta concreta.

Quintero denuncia persecución política

Por su parte, Daniel Quintero ha denunciado públicamente que todo este proceso forma parte de una estrategia orquestada para apartarlo de la contienda presidencial. "Desde Medellín están preparando un golpe a la democracia y quieren sacarme de la carrera presidencial como sea", ha declarado el exalcalde, quien ha solicitado formalmente que su caso sea trasladado a Bogotá para evitar los sesgos que podrían existir en la justicia local de Medellín.

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La petición de Quintero cobra especial relevancia a la luz de la contratación de Amado Sánchez por parte de Gutiérrez, pues demuestra que sus temores sobre la falta de imparcialidad en Medellín no carecen de fundamento.

Un caso que pone a prueba la independencia judicial

Este escándalo trasciende la rivalidad política entre Gutiérrez y Quintero, pues pone en jaque la credibilidad del sistema judicial colombiano. La contratación de quien fuera hasta hace poco la responsable de una investigación penal por parte del principal interesado político en dicha investigación, representa un grave precedente para la independencia de poderes.

La ciudadanía de Medellín y de Colombia entera observa con preocupación cómo las instituciones que deberían garantizar la imparcialidad de la justicia parecen estar siendo utilizadas como instrumentos en una disputa política. El desenlace de este caso podría tener profundas implicaciones no solo para los directamente involucrados, sino para la confianza pública en las instituciones democráticas del país.

Mientras tanto, la audiencia de imputación programada para el 25 de marzo avanza bajo la sombra de un conflicto de interés que, a la luz de los hechos revelados, resulta imposible de ignorar. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si la justicia colombiana puede mantenerse firme ante las presiones políticas o si sucumbirá ante ellas, comprometiendo su independencia y legitimidad.