El 5 de mayo de 2025, fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Washington y el Distrito de Columbia iniciaron una demanda ante el tribunal federal de Boston para bloquear la decisión ejecutiva del presidente Donald Trump que suspende los permisos y arrendamientos para proyectos de energía eólica en tierras y aguas federales.
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Los demandantes afirman que Trump carece de autoridad para detener el proceso de permisos sin el debido proceso legal, alegando que la medida afecta significativamente los objetivos económicos y climáticos de los estados, así como la salud pública. La demanda alerta que la industria eólica, responsable del 10% de la energía eléctrica generada en EE.UU. y la mayor fuente de energía renovable nacional, se expone a la pérdida de miles de empleos bien remunerados y miles de millones de dólares en inversiones si se mantiene la suspensión.
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La controversia surge después de que, el 20 de enero de 2025, Trump anunciara la medida en su primer día de retorno a la presidencia, extendiendo la moratoria a proyectos eólicos terrestres y marinos, e incluyendo una revisión de arrendamientos y permisos sobre recursos federales.
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El portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, criticó a los fiscales generales aludiendo que están usando los tribunales para frenar la política energética de Trump, centrada en restaurar la "dominancia energética" estadounidense y buscar reducción en los precios de la energía para las familias.
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En paralelo, 19 estados y el Distrito de Columbia plantearon una acción legal contra la reestructuración de la Agencia de Salud y Servicios Humanos (HHS), que recortó más de 10,000 empleos y fusionó 28 agencias en 15, representando una reducción del 25% en la plantilla y generando preocupación por la continuidad de programas vitales y la capacidad estatal de respuesta ante crisis sanitarias.
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El auge de la energía eólica se evidenció en 2020, cuando aportó el 42% de la nueva capacidad de generación eléctrica en el país y contaba con 116,800 empleos directos. Antes del cambio de política, la administración anterior había impulsado casi una docena de proyectos eólicos marinos de gran escala y metas nacionales para el desarrollo de esta fuente. La actual demanda de los estados busca restablecer condiciones para la inversión y desarrollo del sector en un momento clave para la transición energética de Estados Unidos.