La implementación de las ETIs representa un hito tras 34 años de espera, permitiendo que los pueblos indígenas tengan autonomía administrativa y financiera reconocida por el Estado, en igualdad de condiciones frente a otros entes territoriales. Previamente, los avances para este tipo de entidades se habían enfocado principalmente en el Amazonas.
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La decisión se produjo en un contexto de notable movilización indígena, con la llegada de entre 20,000 y 25,000 personas a Bogotá, una cifra que superó ampliamente la expectativa del Gobierno, que la estimaba en no más de 5,000 manifestantes. Dicho desplazamiento masivo ocurrió en el marco de la consulta popular sobre derechos laborales propuesta el 1 de mayo, la cual fue archivada por el Congreso, lo que generó descontento entre los líderes indígenas.
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El indígena yanakuna Pacha Kanchay expresó en Bogotá la frustración de su comunidad por la falta de respaldo legislativo a la consulta popular y señaló que están preparados para movilizarse en respaldo al Gobierno. Por su parte, Paulo Añokazi, secretario técnico de la Mesa Permanente de Concertación (MPC), indicó que las negociaciones por las ETIs y otros decretos se dieron durante la movilización del Día del Trabajador. El proceso de diálogo entre representantes indígenas y funcionarios del Gobierno culminó el 2 de mayo con la aprobación del decreto tras más de tres décadas de demandas.
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Armando Benedetti, ministro del Interior, modificó su postura tras presenciar la magnitud de la movilización y facilitó negociaciones intensas durante tres semanas, dando paso a la formalización de estos acuerdos. Se destacó que el movimiento indígena es actualmente una de las estructuras sociales y políticas más articuladas y determinantes en la defensa del proyecto de gobierno.
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El decreto busca asegurar que los recursos asignados a los pueblos indígenas no sean intervenidos ni desviados por alcaldías o gobernaciones, sino que se transfieran directamente a los consejos indígenas responsables de su administración. No obstante, persisten retos en su implementación, ya que un decreto previo de 2018 aún no se ha aplicado por completo en algunas regiones, y existen advertencias sobre la importancia de establecer mecanismos efectivos que limiten la corrupción en el manejo de los recursos en entornos vulnerables.
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El cumplimiento de esta promesa no solo refuerza el respaldo del movimiento indígena al presidente Petro, sino que también concentra los esfuerzos en lograr la ejecución eficiente de estos acuerdos y en sostener la movilización para la defensa de sus derechos y reivindicaciones históricas.