El parlamento iraquí ha generado controversia tras aprobar una enmienda a la ley de Estado civil que permite el matrimonio infantil, permitiendo que niñas de tan solo nueve años puedan casarse. Hasta ahora, la legislación vigente establecía que solo los mayores de 18 años podían casarse legalmente, aunque muchas ceremonias religiosas no oficiales ya se celebraban en el país.
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La nueva ley establece que las niñas pueden contraer matrimonio a partir de los nueve años bajo la interpretación de la ley islámica en la escuela Jaafari, una corriente seguida por muchas autoridades religiosas chiíes en Irak. En el caso de los musulmanes sunitas, la edad mínima se ha fijado en 15 años. Además, la enmienda otorga a los tribunales islámicos mayor autoridad sobre asuntos familiares, incluyendo matrimonio, divorcio y herencia, desmantelando así la Ley de Estado Civil de 1959 que había unificado la legislación familiar y proporcionado protecciones significativas para las mujeres.

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La aprobación de la ley ha provocado una respuesta negativa por parte de grupos de derechos humanos, con activistas señalando que se está legalizando la violación infantil. Intisar al-Mayali, una reconocida activista de derechos humanos, ha alertado sobre las graves implicaciones que esta legislación traerá para los derechos de las mujeres y las niñas en Irak.

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Según una encuesta de la ONU de 2023, el 28% de las niñas en Irak se casan antes de cumplir los 18 años. Esta cifra podría aumentar significativamente con la nueva ley, facilitando aún más estas prácticas. Adicionalmente, la sesión parlamentaria que aprobó la enmienda concluyó en caos, con acusaciones de violaciones procedimentales. Un funcionario parlamentario señaló que "la mitad de los legisladores presentes no votaron, lo que rompió el quórum legal". La tensión fue palpable con algunos miembros del parlamento protestando y subiendo incluso al podio.
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En esa misma sesión, el parlamento también aprobó una ley de amnistía general que beneficia a detenidos sunitas y exime a personas involucradas en corrupción, y una ley de restitución de tierras para abordar reclamaciones territoriales kurdas.
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Numerosos opositores han criticado con severidad la enmienda recién aprobada. El abogado Mohammed Juma y la periodista Saja Hashim sostienen que esta ley implica "el fin de los derechos de las mujeres y los niños en Irak". Hay temor, además, de que la ley pueda aplicarse retroactivamente, afectando derechos de pensión alimentaria y custodia.
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Por otro lado, los defensores de la ley sostienen que se trata de alinear la legislación con principios islámicos y de reducir la influencia occidental en la cultura iraquí. No obstante, las críticas no se han hecho esperar y la preocupación por el impacto en los derechos humanos ha generado un fuerte rechazo tanto a nivel nacional como internacional.