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Mujer de Denver Será Indemnizada con US$ 4 Millones por Redada Injusta de SWAT en Su Casa

Ruby Johnson, una abuela de 78 años, recibió una indemnización de 4 millones de dólares después de que la policía de Denver realizara una redada errónea en su hogar. La acción policial, basada en la mala interpretación de la aplicación "Find My iPhone", llevó a un caso judicial que destacó violaciones a los derechos constitucionales.

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Mujer de Denver Será Indemnizada con US$ 4 Millones por Redada Injusta de SWAT en Su Casa

Ruby Johnson, una abuela de 78 años, recibió una indemnización de 4 millones de dólares después de que la policía de Denver realizara una redada errónea en su hogar. La acción policial, basada en la mala interpretación de la aplicación "Find My iPhone", llevó a un caso judicial que destacó violaciones a los derechos constitucionales.

"Este es un pequeño paso hacia la justicia para la Sra. Johnson, pero es un caso crítico bajo la constitución de nuestro estado, que afirma por primera vez que la policía puede ser considerada responsable por invadir el hogar de alguien sin causa probable"

- Tim MacDonald, director legal de la ACLU de Colorado.

21/3/2024

En enero de 2022, la tranquila vida de Ruby Johnson, una residente de Montbello en Denver, Colorado, se vio abruptamente perturbada cuando su hogar fue invadido por un equipo SWAT de la policía de Denver. La redada se basó en una orden de registro obtenida a través de la aplicación "Find My" de Apple, que supuestamente ubicaba un iPhone robado dentro de su residencia. Sin embargo, este evento marcó un grave error de interpretación tecnológica, ya que la ubicación proporcionada por la aplicación era general y no específica.

La situación se agravó cuando Johnson, de 78 años, fue obligada a salir de su casa mientras los oficiales realizaban la búsqueda. La incursión no solo resultó en una violación de su privacidad, sino que también dejó su hogar en un estado de caos, con daños a sus posesiones personales y una profunda huella emocional en su vida. La operación policial no encontró ningún artículo robado, lo que confirmó la falta de involucramiento de Johnson en el caso.

El jurado del Tribunal de Distrito de Denver reconoció la injusticia y violación de los derechos constitucionales de Johnson, otorgándole inicialmente 3.76 millones de dólares en compensaciones. Esta suma fue posteriormente incrementada a 4 millones de dólares por el juez del distrito de Denver, reflejando la gravedad del error y la responsabilidad de la policía en la invasión sin causa probable.

Algo Curioso
El caso de Ruby Johnson es uno de los primeros en utilizar una ley de Colorado promulgada recientemente que permite a las personas demandar a la policía por violaciones de sus derechos constitucionales, estableciendo un importante precedente legal en Estados Unidos.

Repercusiones Legales y la Precisión en Operaciones Policiales

La demanda presentada por Ruby Johnson contra los oficiales de policía de Denver, Detective Gary Staab y el Sargento Gregory Buschy, abrió un debate significativo sobre la exactitud y fiabilidad de las herramientas tecnológicas en la aplicación de la ley. Staab, quien obtuvo la orden de registro, y Buschy, quien la revisó y aprobó, enfrentaron un escrutinio intenso por su interpretación y uso de la aplicación "Find My" para rastrear un iPhone supuestamente ubicado en la residencia de Johnson. El fallo judicial subrayó la falta de una investigación independiente adecuada antes de la solicitud de la orden y la dependencia de pruebas tecnológicas que, en este caso, resultaron ser erróneas.

La redada no solo expuso las deficiencias en la formación y comprensión de la tecnología por parte de la policía, sino que también puso de manifiesto el impacto devastador de tales acciones en los individuos afectados. Johnson, quien fue retenida en un vehículo policial durante varias horas mientras su casa era registrada, sufrió consecuencias psicológicas y emocionales, evidenciando la gravedad de la infracción a sus derechos civiles.

El jurado, al otorgar 1.26 millones de dólares en daños compensatorios y 2.5 millones en daños punitivos, envió un mensaje contundente sobre la responsabilidad policial y el respeto por los derechos civiles. Este caso también pone de relieve la influencia de la ley estatal de Colorado, promulgada para permitir demandas contra violaciones de derechos constitucionales por parte de la policía, reflejando un cambio en la perspectiva sobre la rendición de cuentas en la aplicación de la ley.

El departamento de policía, al enfrentar las repercusiones de esta acción legal, ha tenido que revisar sus prácticas y protocolos, especialmente en relación con el uso de tecnología para justificar allanamientos y redadas. La ciudad de Denver, encargada de pagar la indemnización, ha visto cómo este caso impacta en sus finanzas y políticas, sumándose a un total de 39.5 millones de dólares gastados en resolver reclamos legales relacionados con la policía desde 2017.

Desafíos en la Integración de Tecnología y Respeto por los Derechos Civiles

La indemnización de 4 millones de dólares a Ruby Johnson no solo marca un precedente legal, sino que también resalta la importancia de la capacitación policial y la evaluación tecnológica en la ejecución de las leyes. La aplicación "Find My" utilizada en este incidente demuestra la necesidad de una comprensión profunda y precisa de las herramientas tecnológicas para evitar errores judiciales que pueden tener consecuencias significativas tanto para individuos como para la comunidad.

El error cometido en la redada a la casa de Johnson, basado en la lectura equivocada de la ubicación proporcionada por la aplicación, subraya el debate sobre la privacidad y la seguridad en la era digital. La dependencia de la tecnología en las operaciones policiales exige un equilibrio entre la eficacia en la lucha contra el crimen y la protección de los derechos civiles de los ciudadanos.

El impacto del caso se extendió más allá de los límites de Denver, generando discusiones a nivel nacional sobre las reformas necesarias en las prácticas policiales. La ley de Colorado, que permitió a Johnson demandar por violaciones de sus derechos constitucionales, se ha convertido en un modelo para otras jurisdicciones que buscan mejorar la rendición de cuentas y la transparencia en las fuerzas del orden.

"Este es un pequeño paso hacia la justicia para la Sra. Johnson, pero es un caso crítico bajo la constitución de nuestro estado, que afirma por primera vez que la policía puede ser considerada responsable por invadir el hogar de alguien sin causa probable"

- Tim MacDonald, director legal de la ACLU de Colorado.

Mar 21, 2024
Colglobal News

En enero de 2022, la tranquila vida de Ruby Johnson, una residente de Montbello en Denver, Colorado, se vio abruptamente perturbada cuando su hogar fue invadido por un equipo SWAT de la policía de Denver. La redada se basó en una orden de registro obtenida a través de la aplicación "Find My" de Apple, que supuestamente ubicaba un iPhone robado dentro de su residencia. Sin embargo, este evento marcó un grave error de interpretación tecnológica, ya que la ubicación proporcionada por la aplicación era general y no específica.

La situación se agravó cuando Johnson, de 78 años, fue obligada a salir de su casa mientras los oficiales realizaban la búsqueda. La incursión no solo resultó en una violación de su privacidad, sino que también dejó su hogar en un estado de caos, con daños a sus posesiones personales y una profunda huella emocional en su vida. La operación policial no encontró ningún artículo robado, lo que confirmó la falta de involucramiento de Johnson en el caso.

El jurado del Tribunal de Distrito de Denver reconoció la injusticia y violación de los derechos constitucionales de Johnson, otorgándole inicialmente 3.76 millones de dólares en compensaciones. Esta suma fue posteriormente incrementada a 4 millones de dólares por el juez del distrito de Denver, reflejando la gravedad del error y la responsabilidad de la policía en la invasión sin causa probable.

En enero de 2022, la tranquila vida de Ruby Johnson, una residente de Montbello en Denver, Colorado, se vio abruptamente perturbada cuando su hogar fue invadido por un equipo SWAT de la policía de Denver. La redada se basó en una orden de registro obtenida a través de la aplicación "Find My" de Apple, que supuestamente ubicaba un iPhone robado dentro de su residencia. Sin embargo, este evento marcó un grave error de interpretación tecnológica, ya que la ubicación proporcionada por la aplicación era general y no específica.

La situación se agravó cuando Johnson, de 78 años, fue obligada a salir de su casa mientras los oficiales realizaban la búsqueda. La incursión no solo resultó en una violación de su privacidad, sino que también dejó su hogar en un estado de caos, con daños a sus posesiones personales y una profunda huella emocional en su vida. La operación policial no encontró ningún artículo robado, lo que confirmó la falta de involucramiento de Johnson en el caso.

El jurado del Tribunal de Distrito de Denver reconoció la injusticia y violación de los derechos constitucionales de Johnson, otorgándole inicialmente 3.76 millones de dólares en compensaciones. Esta suma fue posteriormente incrementada a 4 millones de dólares por el juez del distrito de Denver, reflejando la gravedad del error y la responsabilidad de la policía en la invasión sin causa probable.

Algo Curioso
El caso de Ruby Johnson es uno de los primeros en utilizar una ley de Colorado promulgada recientemente que permite a las personas demandar a la policía por violaciones de sus derechos constitucionales, estableciendo un importante precedente legal en Estados Unidos.

Repercusiones Legales y la Precisión en Operaciones Policiales

La demanda presentada por Ruby Johnson contra los oficiales de policía de Denver, Detective Gary Staab y el Sargento Gregory Buschy, abrió un debate significativo sobre la exactitud y fiabilidad de las herramientas tecnológicas en la aplicación de la ley. Staab, quien obtuvo la orden de registro, y Buschy, quien la revisó y aprobó, enfrentaron un escrutinio intenso por su interpretación y uso de la aplicación "Find My" para rastrear un iPhone supuestamente ubicado en la residencia de Johnson. El fallo judicial subrayó la falta de una investigación independiente adecuada antes de la solicitud de la orden y la dependencia de pruebas tecnológicas que, en este caso, resultaron ser erróneas.

La redada no solo expuso las deficiencias en la formación y comprensión de la tecnología por parte de la policía, sino que también puso de manifiesto el impacto devastador de tales acciones en los individuos afectados. Johnson, quien fue retenida en un vehículo policial durante varias horas mientras su casa era registrada, sufrió consecuencias psicológicas y emocionales, evidenciando la gravedad de la infracción a sus derechos civiles.

El jurado, al otorgar 1.26 millones de dólares en daños compensatorios y 2.5 millones en daños punitivos, envió un mensaje contundente sobre la responsabilidad policial y el respeto por los derechos civiles. Este caso también pone de relieve la influencia de la ley estatal de Colorado, promulgada para permitir demandas contra violaciones de derechos constitucionales por parte de la policía, reflejando un cambio en la perspectiva sobre la rendición de cuentas en la aplicación de la ley.

El departamento de policía, al enfrentar las repercusiones de esta acción legal, ha tenido que revisar sus prácticas y protocolos, especialmente en relación con el uso de tecnología para justificar allanamientos y redadas. La ciudad de Denver, encargada de pagar la indemnización, ha visto cómo este caso impacta en sus finanzas y políticas, sumándose a un total de 39.5 millones de dólares gastados en resolver reclamos legales relacionados con la policía desde 2017.

Desafíos en la Integración de Tecnología y Respeto por los Derechos Civiles

La indemnización de 4 millones de dólares a Ruby Johnson no solo marca un precedente legal, sino que también resalta la importancia de la capacitación policial y la evaluación tecnológica en la ejecución de las leyes. La aplicación "Find My" utilizada en este incidente demuestra la necesidad de una comprensión profunda y precisa de las herramientas tecnológicas para evitar errores judiciales que pueden tener consecuencias significativas tanto para individuos como para la comunidad.

El error cometido en la redada a la casa de Johnson, basado en la lectura equivocada de la ubicación proporcionada por la aplicación, subraya el debate sobre la privacidad y la seguridad en la era digital. La dependencia de la tecnología en las operaciones policiales exige un equilibrio entre la eficacia en la lucha contra el crimen y la protección de los derechos civiles de los ciudadanos.

El impacto del caso se extendió más allá de los límites de Denver, generando discusiones a nivel nacional sobre las reformas necesarias en las prácticas policiales. La ley de Colorado, que permitió a Johnson demandar por violaciones de sus derechos constitucionales, se ha convertido en un modelo para otras jurisdicciones que buscan mejorar la rendición de cuentas y la transparencia en las fuerzas del orden.

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