En un esfuerzo coordinado por diversas organizaciones no gubernamentales, abogados en el Reino Unido han presentado una serie de reclamaciones sobre crímenes de guerra israelíes ante el Tribunal Superior de Londres. La coalición, que incluye Al-Haq, Global Legal Action Network (GLAN), Amnistía Internacional, Oxfam y Human Rights Watch, busca obtener una orden que prohíba las exportaciones de armas del Reino Unido a Israel.
‍

El caso se sustenta en 14 declaraciones de testigos, que se extienden a lo largo de más de 100 páginas. Estos testimonios provienen de médicos palestinos y occidentales que han trabajado en hospitales de Gaza, así como de conductores de ambulancias y trabajadores de ayuda humanitaria. Las declaraciones describen condiciones extremas de tortura, falta de tratamiento médico adecuado y la imposibilidad de escapar de los constantes bombardeos.
‍

Entre los testimonios presentados, el Dr. Ben Thomson, un especialista canadiense en riñones, relató que trató a un paciente que había sido obligado a permanecer de pie durante 48 horas, resultando en la necesidad de un injerto de piel. También mencionó el caso de un hombre de 60 años que fue desnudado y atado durante tres días, sufriendo lesiones graves como consecuencia. Por su parte, el Dr. Khaled Dawas describió las condiciones en los hospitales como equivalentes a la práctica de la medicina medieval. Añadió que muchos de sus pacientes eran víctimas de disparos de francotiradores y que no había observado la presencia de militantes en los hospitales durante su estadía.
‍

El proceso de revisión judicial está programado para llevarse a cabo entre el 8 y el 10 de octubre de 2024. Mientras tanto, el gobierno británico, bajo la administración laborista, está evaluando su política de exportación de armas. Anteriormente, el gobierno conservador había defendido la continuación de las licencias de exportación, argumentando que no existía un riesgo claro de que las armas británicas se utilizaran para cometer violaciones del derecho internacional humanitario.
‍

En respuesta a estas alegaciones, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) han declarado que actúan en defensa propia y que cualquier acusación de mala conducta es investigada de manera independiente.
‍

La presente acción judicial representa un esfuerzo significativo para presentar pruebas detalladas de presuntos crímenes de guerra ante un tribunal británico, lo que podría tener repercusiones en la política de exportación de armas del Reino Unido hacia Israel. Las ONG involucradas en este caso han trabajado durante años documentando violaciones de derechos humanos en diversos contextos de conflicto, aportando su experiencia y recursos a este esfuerzo judicial.