Colombia

Colombia en Vilo: La Corte Suprema Aplaza Nuevamente Elección de Fiscal General

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha postergado, por tercera vez, la elección del nuevo Fiscal General de la Nación, en medio de crecientes llamados de diversas entidades y manifestaciones ciudadanas que exigen celeridad en el proceso.

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Colombia en Vilo: La Corte Suprema Aplaza Nuevamente Elección de Fiscal General

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha postergado, por tercera vez, la elección del nuevo Fiscal General de la Nación, en medio de crecientes llamados de diversas entidades y manifestaciones ciudadanas que exigen celeridad en el proceso.

“Terminada la ronda de votaciones, ninguna de las candidatas alcanzó la mayoría necesaria para ser la nueva fiscal de la Nación. Sin embargo, debo contarle al país que hoy hubo un avance bastante importante en el marco de las votaciones”

- Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema.

22/2/2024

La Corte Suprema de Justicia de Colombia enfrenta una creciente presión por parte de la opinión pública y diversas organizaciones nacionales e internacionales para elegir al sucesor de Francisco Barbosa como Fiscal General de la Nación. Desde la salida de Barbosa, Martha Mancera ha asumido el cargo de manera interina, en un contexto de tensiones institucionales exacerbadas por manifestaciones y bloqueos a las entradas de la Corte a principios de mes. La Corte, compuesta por 23 magistrados, ha intentado sin éxito en tres ocasiones seleccionar entre las tres candidatas postuladas por el presidente Gustavo Petro: Ángela María Buitrago, Amelia Pérez y Luz Adriana Camargo.

A pesar de la ausencia de plazos formales para la elección, la demora ha generado llamados a la celeridad por parte de entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia. Estas instancias han enfatizado la importancia de concluir el proceso para evitar debilitar el sistema de justicia colombiano, en un momento en que la interinidad en la Fiscalía se percibe como un factor que contribuye a la inestabilidad institucional.

El presidente Petro ha intentado distanciarse de las candidatas, asegurando que buscó perfiles no vinculados políticamente con él, en un esfuerzo por enviar un mensaje de independencia y transparencia en el proceso de selección. Este enfoque busca diferenciarse de prácticas pasadas, donde las relaciones personales y políticas influían en la designación del fiscal, como se sugiere fue el caso de Barbosa, cercano al expresidente Iván Duque.

La situación actual revive debates sobre la velocidad y transparencia con que la Corte Suprema ha manejado históricamente la elección de fiscales generales. Comparaciones con periodos anteriores muestran una Corte que, en el pasado, tomaba decisiones en tiempos más breves, evitando la interinidad que ahora parece haberse convertido en una constante. La prolongada demora en la elección actual, que supera los tiempos promedio de "la Corte rápida" y "la Corte lenta" descritas por analistas, plantea interrogantes sobre las razones detrás de esta lentitud y sus implicaciones para la justicia y la política colombiana.

Algo Curioso
La elección del Fiscal General de la Nación en Colombia ha sido históricamente un proceso de gran interés político y social, reflejando no solo la lucha por el poder entre diferentes facciones, sino también la evolución de la justicia y la democracia en el país

Una Elección Postergada: Entre la Presión Institucional y la Demanda Ciudadana

La tercera votación para elegir al nuevo Fiscal General de la Nación, realizada el 22 de febrero, concluyó sin alcanzar un consenso, manteniendo a Martha Mancera en el cargo de manera interina. Este último intento de la Corte Suprema de Justicia refleja la complejidad y las divisiones internas que han caracterizado el proceso. A pesar de los esfuerzos y la expectativa generada, ninguna de las tres candidatas —Amelia Pérez, Luz Adriana Camargo y Ángela María Buitrago— logró los 16 votos necesarios para asegurar el cargo. Este resultado ha llevado a programar una nueva votación para el próximo 7 de marzo, en busca de romper el estancamiento que ha durado más de cinco meses desde la postulación de las candidatas por parte del presidente Gustavo Petro.

La situación ha generado una respuesta mixta en la opinión pública y entre los observadores políticos y jurídicos. Por un lado, se reconoce la independencia del poder judicial y su derecho a proceder sin presiones externas; por otro, crece la impaciencia ante la urgencia de contar con un Fiscal General en propiedad, especialmente en un contexto de desafíos significativos en materia de seguridad y justicia. La demora en la elección ha sido objeto de críticas por parte de sectores que ven en la interinidad una debilidad para el sistema judicial del país.

Las manifestaciones del 8 de febrero, donde decenas de personas se congregaron frente al Palacio de Justicia exigiendo la pronta elección de la nueva fiscal, subrayan la presión social sobre la Corte. Estos eventos, marcados por intentos de ingreso forzado al edificio y la posterior evacuación de los magistrados bajo protección policial, evidencian el creciente descontento con la demora en la toma de decisiones. Este clima de tensión refleja la polarización y el debate público en torno a la independencia judicial y la influencia política en los nombramientos judiciales.

Además, la situación de interinidad no es nueva en la historia de la Fiscalía General de la Nación. Precedentes como los encargos de Guillermo Mendoza Diago y Fabio Espitia, quienes ocuparon el cargo de manera interina por 16 meses y ocho meses, respectivamente, ilustran los desafíos y las controversias que han rodeado las transiciones en la entidad. Estos periodos de interinidad, marcados por confrontaciones políticas y escándalos como la parapolítica, han tenido un impacto profundo en la percepción pública de la justicia y en la confianza en las instituciones del país.

Desafíos Institucionales y la Búsqueda de Consenso en la Justicia Colombiana

El escenario de las manifestaciones en Bogotá, en respuesta a la demora en la elección del Fiscal General de la Nación, pinta un cuadro de la creciente inquietud ciudadana frente a la justicia y la gobernabilidad en Colombia. A pesar de que la concentración de manifestantes no alcanzó los números vistos en protestas anteriores, el impacto en la movilidad y la visibilidad de estas acciones reflejan un claro mensaje al sistema judicial y político del país. La dispersión de los manifestantes, tras conocerse el aplazamiento de la elección para el 7 de marzo, no disminuye la relevancia de su demanda por transparencia y eficiencia en la toma de decisiones críticas para el estado de derecho.

La cobertura mediática de estos eventos, junto con las declaraciones de figuras públicas y entidades internacionales, subraya la importancia de este momento para la democracia colombiana. La atención no solo se centra en quién será finalmente elegido como Fiscal General, sino también en el proceso mismo y lo que este revela sobre la salud institucional del país. La expectativa creada alrededor de la próxima votación del 7 de marzo es alta, no solo entre los actores políticos y jurídicos, sino también en la sociedad civil, que ve en la elección una prueba de la independencia y la integridad de la justicia colombiana.

“Terminada la ronda de votaciones, ninguna de las candidatas alcanzó la mayoría necesaria para ser la nueva fiscal de la Nación. Sin embargo, debo contarle al país que hoy hubo un avance bastante importante en el marco de las votaciones”

- Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema.

Feb 22, 2024
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La Corte Suprema de Justicia de Colombia enfrenta una creciente presión por parte de la opinión pública y diversas organizaciones nacionales e internacionales para elegir al sucesor de Francisco Barbosa como Fiscal General de la Nación. Desde la salida de Barbosa, Martha Mancera ha asumido el cargo de manera interina, en un contexto de tensiones institucionales exacerbadas por manifestaciones y bloqueos a las entradas de la Corte a principios de mes. La Corte, compuesta por 23 magistrados, ha intentado sin éxito en tres ocasiones seleccionar entre las tres candidatas postuladas por el presidente Gustavo Petro: Ángela María Buitrago, Amelia Pérez y Luz Adriana Camargo.

A pesar de la ausencia de plazos formales para la elección, la demora ha generado llamados a la celeridad por parte de entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia. Estas instancias han enfatizado la importancia de concluir el proceso para evitar debilitar el sistema de justicia colombiano, en un momento en que la interinidad en la Fiscalía se percibe como un factor que contribuye a la inestabilidad institucional.

El presidente Petro ha intentado distanciarse de las candidatas, asegurando que buscó perfiles no vinculados políticamente con él, en un esfuerzo por enviar un mensaje de independencia y transparencia en el proceso de selección. Este enfoque busca diferenciarse de prácticas pasadas, donde las relaciones personales y políticas influían en la designación del fiscal, como se sugiere fue el caso de Barbosa, cercano al expresidente Iván Duque.

La situación actual revive debates sobre la velocidad y transparencia con que la Corte Suprema ha manejado históricamente la elección de fiscales generales. Comparaciones con periodos anteriores muestran una Corte que, en el pasado, tomaba decisiones en tiempos más breves, evitando la interinidad que ahora parece haberse convertido en una constante. La prolongada demora en la elección actual, que supera los tiempos promedio de "la Corte rápida" y "la Corte lenta" descritas por analistas, plantea interrogantes sobre las razones detrás de esta lentitud y sus implicaciones para la justicia y la política colombiana.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia enfrenta una creciente presión por parte de la opinión pública y diversas organizaciones nacionales e internacionales para elegir al sucesor de Francisco Barbosa como Fiscal General de la Nación. Desde la salida de Barbosa, Martha Mancera ha asumido el cargo de manera interina, en un contexto de tensiones institucionales exacerbadas por manifestaciones y bloqueos a las entradas de la Corte a principios de mes. La Corte, compuesta por 23 magistrados, ha intentado sin éxito en tres ocasiones seleccionar entre las tres candidatas postuladas por el presidente Gustavo Petro: Ángela María Buitrago, Amelia Pérez y Luz Adriana Camargo.

A pesar de la ausencia de plazos formales para la elección, la demora ha generado llamados a la celeridad por parte de entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia. Estas instancias han enfatizado la importancia de concluir el proceso para evitar debilitar el sistema de justicia colombiano, en un momento en que la interinidad en la Fiscalía se percibe como un factor que contribuye a la inestabilidad institucional.

El presidente Petro ha intentado distanciarse de las candidatas, asegurando que buscó perfiles no vinculados políticamente con él, en un esfuerzo por enviar un mensaje de independencia y transparencia en el proceso de selección. Este enfoque busca diferenciarse de prácticas pasadas, donde las relaciones personales y políticas influían en la designación del fiscal, como se sugiere fue el caso de Barbosa, cercano al expresidente Iván Duque.

La situación actual revive debates sobre la velocidad y transparencia con que la Corte Suprema ha manejado históricamente la elección de fiscales generales. Comparaciones con periodos anteriores muestran una Corte que, en el pasado, tomaba decisiones en tiempos más breves, evitando la interinidad que ahora parece haberse convertido en una constante. La prolongada demora en la elección actual, que supera los tiempos promedio de "la Corte rápida" y "la Corte lenta" descritas por analistas, plantea interrogantes sobre las razones detrás de esta lentitud y sus implicaciones para la justicia y la política colombiana.

Algo Curioso
La elección del Fiscal General de la Nación en Colombia ha sido históricamente un proceso de gran interés político y social, reflejando no solo la lucha por el poder entre diferentes facciones, sino también la evolución de la justicia y la democracia en el país

Una Elección Postergada: Entre la Presión Institucional y la Demanda Ciudadana

La tercera votación para elegir al nuevo Fiscal General de la Nación, realizada el 22 de febrero, concluyó sin alcanzar un consenso, manteniendo a Martha Mancera en el cargo de manera interina. Este último intento de la Corte Suprema de Justicia refleja la complejidad y las divisiones internas que han caracterizado el proceso. A pesar de los esfuerzos y la expectativa generada, ninguna de las tres candidatas —Amelia Pérez, Luz Adriana Camargo y Ángela María Buitrago— logró los 16 votos necesarios para asegurar el cargo. Este resultado ha llevado a programar una nueva votación para el próximo 7 de marzo, en busca de romper el estancamiento que ha durado más de cinco meses desde la postulación de las candidatas por parte del presidente Gustavo Petro.

La situación ha generado una respuesta mixta en la opinión pública y entre los observadores políticos y jurídicos. Por un lado, se reconoce la independencia del poder judicial y su derecho a proceder sin presiones externas; por otro, crece la impaciencia ante la urgencia de contar con un Fiscal General en propiedad, especialmente en un contexto de desafíos significativos en materia de seguridad y justicia. La demora en la elección ha sido objeto de críticas por parte de sectores que ven en la interinidad una debilidad para el sistema judicial del país.

Las manifestaciones del 8 de febrero, donde decenas de personas se congregaron frente al Palacio de Justicia exigiendo la pronta elección de la nueva fiscal, subrayan la presión social sobre la Corte. Estos eventos, marcados por intentos de ingreso forzado al edificio y la posterior evacuación de los magistrados bajo protección policial, evidencian el creciente descontento con la demora en la toma de decisiones. Este clima de tensión refleja la polarización y el debate público en torno a la independencia judicial y la influencia política en los nombramientos judiciales.

Además, la situación de interinidad no es nueva en la historia de la Fiscalía General de la Nación. Precedentes como los encargos de Guillermo Mendoza Diago y Fabio Espitia, quienes ocuparon el cargo de manera interina por 16 meses y ocho meses, respectivamente, ilustran los desafíos y las controversias que han rodeado las transiciones en la entidad. Estos periodos de interinidad, marcados por confrontaciones políticas y escándalos como la parapolítica, han tenido un impacto profundo en la percepción pública de la justicia y en la confianza en las instituciones del país.

Desafíos Institucionales y la Búsqueda de Consenso en la Justicia Colombiana

El escenario de las manifestaciones en Bogotá, en respuesta a la demora en la elección del Fiscal General de la Nación, pinta un cuadro de la creciente inquietud ciudadana frente a la justicia y la gobernabilidad en Colombia. A pesar de que la concentración de manifestantes no alcanzó los números vistos en protestas anteriores, el impacto en la movilidad y la visibilidad de estas acciones reflejan un claro mensaje al sistema judicial y político del país. La dispersión de los manifestantes, tras conocerse el aplazamiento de la elección para el 7 de marzo, no disminuye la relevancia de su demanda por transparencia y eficiencia en la toma de decisiones críticas para el estado de derecho.

La cobertura mediática de estos eventos, junto con las declaraciones de figuras públicas y entidades internacionales, subraya la importancia de este momento para la democracia colombiana. La atención no solo se centra en quién será finalmente elegido como Fiscal General, sino también en el proceso mismo y lo que este revela sobre la salud institucional del país. La expectativa creada alrededor de la próxima votación del 7 de marzo es alta, no solo entre los actores políticos y jurídicos, sino también en la sociedad civil, que ve en la elección una prueba de la independencia y la integridad de la justicia colombiana.

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