La Corte Suprema de Justicia de Colombia enfrenta una creciente presión por parte de la opinión pública y diversas organizaciones nacionales e internacionales para elegir al sucesor de Francisco Barbosa como Fiscal General de la Nación. Desde la salida de Barbosa, Martha Mancera ha asumido el cargo de manera interina, en un contexto de tensiones institucionales exacerbadas por manifestaciones y bloqueos a las entradas de la Corte a principios de mes. La Corte, compuesta por 23 magistrados, ha intentado sin éxito en tres ocasiones seleccionar entre las tres candidatas postuladas por el presidente Gustavo Petro: Ángela María Buitrago, Amelia Pérez y Luz Adriana Camargo.

A pesar de la ausencia de plazos formales para la elección, la demora ha generado llamados a la celeridad por parte de entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia. Estas instancias han enfatizado la importancia de concluir el proceso para evitar debilitar el sistema de justicia colombiano, en un momento en que la interinidad en la Fiscalía se percibe como un factor que contribuye a la inestabilidad institucional.

El presidente Petro ha intentado distanciarse de las candidatas, asegurando que buscó perfiles no vinculados políticamente con él, en un esfuerzo por enviar un mensaje de independencia y transparencia en el proceso de selección. Este enfoque busca diferenciarse de prácticas pasadas, donde las relaciones personales y políticas influían en la designación del fiscal, como se sugiere fue el caso de Barbosa, cercano al expresidente Iván Duque.

La situación actual revive debates sobre la velocidad y transparencia con que la Corte Suprema ha manejado históricamente la elección de fiscales generales. Comparaciones con periodos anteriores muestran una Corte que, en el pasado, tomaba decisiones en tiempos más breves, evitando la interinidad que ahora parece haberse convertido en una constante. La prolongada demora en la elección actual, que supera los tiempos promedio de "la Corte rápida" y "la Corte lenta" descritas por analistas, plantea interrogantes sobre las razones detrás de esta lentitud y sus implicaciones para la justicia y la política colombiana.