Colombia atraviesa una compleja crisis de violencia atribuida, en parte, a la estrategia de "Paz Total" del presidente Gustavo Petro, quien asumió el cargo en 2022. Diversos sectores sociales e incluso figuras claves, como el ex presidente Juan Manuel Santos, han expresado su preocupación frente al aumento de las actividades de grupos armados, cuestionando el enfoque del gobierno actual para resolver el conflicto armado.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha intensificado sus operaciones en varias regiones, particularmente en la frontera noreste con Venezuela. En los últimos dos meses, se han registrado enfrentamientos que dejaron al menos 80 muertos y un desplazamiento masivo de 85,000 personas, especialmente en Cúcuta, donde un millón de ciudadanos fueron sometidos a un toque de queda tras ataques a estaciones de policía y peajes.

Las estadísticas ponen de manifiesto el agravamiento de la situación. Desde que Petro asumió la presidencia, los casos de secuestro han aumentado un 79%, mientras que el reclutamiento de niños ha escalado drásticamente, un 1,000% en los últimos cuatro años. A comienzos de 2025, se han registrado al menos nueve masacres que dejaron 24 víctimas hasta el 30 de enero, y la Defensoría del Pueblo alerta sobre la ocupación acelerada de territorios por parte de grupos criminales, superando los niveles alcanzados durante el mandato de su predecesor, Iván Duque.

En los últimos meses, el número de municipios afectados por la actividad del ELN ha crecido un 23%, mientras que para el Clan del Golfo el aumento es del 54%. La cantidad total de grupos armados detectados ascendió de 141 en años pasados a 184 en 2025, lo que refleja una expansión preocupante de los actores armados ilegales en el país.

Adicionalmente, comunidades indígenas enfrentan desplazamientos y confinamientos, con un total de 51,000 personas desplazadas en lo que va del año. La ONU reportó una disminución del 27% en las masacres verificadas en el último año, pero los niveles de violencia se mantienen críticos, con la presencia de grupos armados ilegales en el 73% de los municipios colombianos.

El acuerdo de paz alcanzado en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se encuentra bajo una amenaza significativa. Este año, a partir del 17 de enero, se reportó el asesinato de seis firmantes del acuerdo. También han surgido denuncias de desapariciones y ocupaciones ilegales en territorios que antes estaban bajo control estatal.

Mientras Petro se aferra a su plan de "Paz Total", buscando diálogos paralelos con diferentes grupos armados, los resultados esperados han sido escasos y los desafíos logísticos y políticos abundan. Según el propio Santos, "negociar simultáneamente con tantos actores exige un enfoque mucho más estructurado", lo que evidentemente no ha ocurrido a la fecha, generando inquietud sobre el futuro de la seguridad del país.

Entre las preocupaciones adicionales está el incremento de 216 casos reportados de reclutamiento de menores. Los efectos de la violencia son de amplio alcance y afectan principalmente a las comunidades más vulnerables, que enfrentan graves consecuencias humanas y sociales. Ante este escenario, la crisis de la paz en Colombia continúa como un tema central en el debate político y social.