El Grupo Egmont, que reúne a 117 unidades de inteligencia financiera de todo el mundo, decidió suspender a Colombia tras la divulgación no autorizada de información relacionada con el software de espionaje Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group. La decisión fue tomada luego de que el presidente colombiano Gustavo Petro hiciera pública una carta enviada por la Unidad de Inteligencia Financiera de Suiza (FIU) al director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia.
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En la carta, se mencionaban movimientos financieros irregulares vinculados a la compra del software de espionaje Pegasus. La suspensión se debe a la violación de los estándares de confidencialidad y autonomía operativa que deben seguir las unidades de inteligencia financiera, según explicó el Grupo Egmont.
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La medida implica que Colombia perderá su acceso a la red de información utilizada para el intercambio de datos sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, afectando potencialmente las investigaciones en curso y la colaboración internacional en estos ámbitos.
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Gustavo Petro defendió su decisión de revelar la carta, señalando que estaba alineada con su compromiso con la verdad y la defensa de los derechos humanos. En un mensaje publicado en redes sociales, Petro dijo: "Ese es el costo de la verdad", y reveló que durante el gobierno de Iván Duque se habían invertido 11 millones de dólares en la adquisición del software Pegasus para interceptar comunicaciones.
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El presidente destacó que la información revelada estaba en el marco de la ley colombiana de inteligencia y que su divulgación tenía el objetivo de informar a la ciudadanía sobre las acciones del gobierno anterior. Según Petro, la transparencia es esencial para mantener la confianza del público y garantizar que no se cometan abusos con tecnologías de espionaje.
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El software Pegasus es conocido por su capacidad de infiltrarse en dispositivos móviles, permitiendo el acceso a una amplia gama de datos, incluidas conversaciones, mensajes y ubicaciones. Su uso ha sido objeto de controversia mundial debido a las posibilidades de violaciones a la privacidad y los derechos humanos.
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El Grupo Egmont ha subrayado la importancia de mantener altos estándares de confidencialidad para preservar la integridad y eficacia de las unidades de inteligencia financiera. La suspensión de Colombia tendrá repercusiones significativas en su capacidad para colaborar en la lucha contra delitos financieros a nivel internacional, y ha puesto en evidencia las tensiones entre la necesidad de transparencia gubernamental y la responsabilidad de manejar información sensible.