En un fallo trascendental emitido el 13 de agosto de 2024, el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, Caquetá, ha declarado al Ejército y al Estado colombiano responsables del desplazamiento forzado de aproximadamente 3,000 personas en el corregimiento de Peñas Coloradas, un evento que tuvo lugar durante un operativo militar antinarcótico llevado a cabo del 23 al 27 de abril de 2004.
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Durante esos cinco días, la Brigada Móvil No. 22 del Ejército ocupó el corregimiento, lo que convirtió inmediatamente a Peñas Coloradas en un pueblo fantasma y en la base militar de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Este operativo militar se desarrolló en un contexto donde Peñas Coloradas era un punto estratégico para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como centro de acopio y comercialización de cocaína.
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El fallo judicial no solo contempla una indemnización de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes por perjuicios morales para cada uno de los 908 demandantes, sino que abre la puerta para que se sumen más afectados a esta reclamación, además de una medida pecuniaria adicional de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Adicionalmente, el Estado colombiano deberá llevar a cabo una serie de medidas restaurativas.
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Entre las medidas ordenadas, se destaca la elaboración de una cartilla pedagógica sobre el desplazamiento forzado y el proceso de reconstrucción del tejido social, la cual deberá ser presentada en un plazo de dos años. Asimismo, el comandante del Ejército deberá ofrecer disculpas públicas en nombre del Estado colombiano, y se ordena la construcción de un monumento en Peñas Coloradas en homenaje a las víctimas del desplazamiento.
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La comunidad de Peñas Coloradas, representada por la Asociación de Desplazados de Peñas Coloradas, expresó su deseo de retornar a sus tierras. "Este fallo es una reivindicación para nuestra comunidad y un paso hacia nuestra reparación y retorno a las tierras que nos fueron arrebatadas", señaló el representante de la asociación. Desde hace más de 20 años, los habitantes han luchado por el reconocimiento de sus derechos y la culminación de su proceso de reparación.
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Cabe destacar que la ocupación militar de Peñas Coloradas se formalizó mediante un contrato de comodato entre la Alcaldía de Cartagena del Chairá y la Brigada Móvil No. 22, el cual fue prorrogado en 2018, a pesar de las reclamaciones de los habitantes despojados.
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El fallo judicial es un hito en la lucha por los derechos de los desplazados de Peñas Coloradas, y las medidas impuestas buscan reparar el daño causado y facilitar el regreso de la comunidad a su territorio. Los desplazamientos forzados en Colombia, en muchos casos, han sido el resultado de operativos militares y enfrentamientos con grupos armados, afectando principalmente a poblaciones rurales y comunidades campesinas.