El Congreso de Estados Unidos ha aprobado la primera ley de deportación de la era Trump, denominada Ley Laken Riley. Esta legislación permite la deportación de inmigrantes no autorizados acusados de delitos menores, como hurtos y robos no violentos, sin necesidad de condena previa. La ley fue aprobada en la Cámara de Representantes con 264 votos a favor y 159 en contra. Dentro de estos, 48 votos favorables provinieron de congresistas demócratas, quienes se sumaron al apoyo unánime de los republicanos.
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En el Senado, la medida también superó el filibusterismo, alcanzando 84 votos a favor y solo 9 en contra, gracias al respaldo crucial de ocho senadores demócratas. Estos senadores, entre los que se encuentran potenciales candidatos presidenciales para 2028, evidencian una disminución de la resistencia demócrata hacia las políticas migratorias de Trump tras las elecciones de noviembre de 2024, momento en el que los republicanos aseguraron la presidencia y la mayoría en ambas cámaras.
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La Ley Laken Riley lleva el nombre de una estudiante de enfermería asesinada en febrero de 2024 por un inmigrante venezolano que había cruzado ilegalmente la frontera. El perpetrador, José Antonio Ibarra, fue posteriormente condenado a cadena perpetua en noviembre de 2024. Esta tragedia ha catalizado el impulso detrás de la legislación.
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La nueva ley estipula que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detenga a los inmigrantes acusados de estos delitos hasta su deportación y permite a los estados demandar al gobierno federal por daños causados por inmigrantes que ingresen ilegalmente.
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El cambio en la postura demócrata marca un alejamiento de su política migratoria más progresista del pasado, especialmente a medida que buscan recuperar terreno tras las pérdidas electorales recientes y mitigar la crítica pública sobre la seguridad fronteriza.
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Organizaciones proinmigrantes han criticado enérgicamente la ley, argumentando que socava la presunción de inocencia y los derechos al debido proceso. Además, algunos demócratas han expresado preocupaciones sobre la ley, señalando que focalizarse en delitos menores podría desviar recursos vitales de la persecución de delitos más graves.
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Simultáneamente, la administración de Biden ha extendido el Estatus de Protección Temporal (TPS) por 18 meses para aproximadamente 600,000 venezolanos, 230,000 salvadoreños y 100,000 ucranianos, balanceando sus esfuerzos para proteger a ciertos grupos de inmigrantes mientras apoyan nuevas medidas de deportación.
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La aprobación de la Ley Laken Riley tendrá importantes implicaciones políticas de cara a las elecciones intermedias de 2026. Muchos demócratas temen ataques relacionados con su postura en la cuestión migratoria, mientras que intentan recuperar la confianza del electorado en materia de seguridad fronteriza.