En un acontecimiento político significativo para el Gobierno de Gustavo Petro, el Congreso de Colombia, específicamente la Comisión Séptima del Senado, decidió archivar la reforma laboral presentada por el presidente el 18 de marzo de 2025. La votación que excluyó cualquier debate previo registró ocho votos a favor del archivo y seis en contra, marcando un duro revés para el mandatario.
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Simultáneamente, miles de ciudadanos se congregaron en diversas ciudades del país, principalmente en la emblemática Plaza de Bolívar de Bogotá, en defensa de la reforma y en protesta contra los senadores que rechazaron el proyecto. Este episodio también representa la segunda vez que Petro enfrenta una derrota legislativa de magnitud, ya que, un año atrás, la misma comisión también archivó su reforma a la salud.

La reforma laboral buscaba introducir notables disposiciones en pro de los derechos de los trabajadores. Entre las medidas propuestas estaban el incremento del recargo nocturno, el pago completo del 100% por trabajar en días festivos y dominicales, la ampliación de la licencia de paternidad, licencias específicas para mujeres con ciclos menstruales incapacitantes, una mejora en el régimen contractual de aprendices del SENA y nuevas regulaciones para garantizar condiciones laborales en plataformas digitales.

A pesar de estos objetivos, la iniciativa enfrentó una férrea oposición. Los gremios empresariales y sectores políticos contrarios argumentaron que la propuesta podía agravar la informalidad laboral, que afecta a más del 50% de la población colombiana, y podría elevar los índices de desempleo debido al aumento en los costos operativos para las empresas.

Liderando la oposición a la reforma estaba la senadora conservadora Nadia Blel Scaff, presidenta de la Comisión Séptima, quien confirmó su voto en contra alegando que el proyecto no ofrecía soluciones para fomentar el empleo ni combatir la informalidad. Junto a ella, los senadores Honorio Henríquez, Alirio Barrera, Esperanza Andrade, Berenice Bedoya, Miguel Ángel Pinto, Ana Paola Agudelo y Lorena Ríos también votaron por archivar la reforma, denunciando haber recibido presiones y amenazas del Gobierno.

Por otro lado, miembros del Pacto Histórico como Wilson Arias, Martha Peralta y Ferney Silva defendieron el proyecto. Según ellos, este buscaba restituir los derechos laborales perdidos en previas administraciones, especialmente durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Tras esta derrota legislativa, el presidente Petro propuso realizar una consulta popular para someter a consideración de la ciudadanía los puntos principales de la reforma laboral, así como de la reforma a la salud. Según la normativa electoral en el país, para que esta consulta sea válida debe contar con más de 13.5 millones de votantes, dentro de un total de 52 millones de habitantes en Colombia.

El ambiente de movilización social también fue destacado por Petro, quien aseguró que las manifestaciones serían constantes y crecerían en respaldo hacia su administración. A pesar de las críticas, las medidas adoptadas por el mandatario reflejan su intención de mantener vigentes las reformas planteadas.