El Gobierno del presidente Gustavo Petro formalizará el 21 de abril de 2025 la presentación ante el Senado de la consulta popular que busca impulsar la reforma laboral en Colombia, una iniciativa que previamente ha sido archivada dos veces en el Congreso. Así lo confirmó Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, quien precisó que el proyecto será radicado ante la secretaría del Senado con el respaldo de todos los ministros del gabinete.
La consulta plantea la participación directa de la ciudadanía en la definición de temas centrales de la reforma laboral, cuyos puntos principales no han logrado avanzar en el trámite legislativo. El cuestionario está diseñado para contener 12 preguntas, aunque el número final podría ser inferior según las circunstancias del debate.
El anuncio ocurre en un clima político de tensión y divisiones al interior del Congreso. Los congresistas pertenecientes al Pacto Histórico han manifestado su apoyo a la consulta y se han comprometido a promover la aprobación y la participación ciudadana, mientras que otros sectores buscan frenar el proceso o aplazar la discusión de las preguntas hasta que se resuelva una apelación pendiente sobre la reforma laboral.
Para que la consulta avance y pueda ser sometida a consideración ciudadana se requiere que 53 senadores respalden la proposición. Esta cifra es indispensable para habilitar la participación electoral, razón por la cual el trámite en el Congreso será decisivo tanto para el Gobierno como para las fuerzas políticas en contienda.
La consulta se ha transformado en uno de los ejes de la agenda legislativa y ha captado la atención en la campaña presidencial, con potenciales repercusiones en el panorama político nacional. El mecanismo se concibe como una vía para superar el bloqueo legislativo y someter a consideración pública los puntos fundamentales de la reforma que continúan pendientes de aprobación parlamentaria.
El radicado formal de la consulta popular, previsto para el 21 de abril de 2025, será un paso clave en el esfuerzo del Ejecutivo para permitir que la ciudadanía colombiana manifieste su posición sobre las transformaciones propuestas en el ámbito laboral.