La Corte Constitucional de Colombia ha adoptado de forma unánime la Ley 2273 de 2022, que ratifica el Acuerdo de Escazú, un pacto internacional que fue originalmente adoptado en marzo de 2018 en Costa Rica. Este acuerdo persigue objetivos fundamentales como garantizar el acceso a la información, fomentar la participación pública y asegurar la justicia en asuntos ambientales. Además, uno de sus pilares esenciales es la protección de los defensores de derechos ambientales.
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La decisión fue tomada el 28 de agosto de 2024 por la Sala Plena de la Corte Constitucional, con el magistrado Jorge Enrique Ibáñez como ponente. La Corte concluyó que no era necesaria la consulta previa ni un análisis de impacto fiscal para la aprobación del Acuerdo, debido a que este no implica gastos ni tributos directos adicionales.
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El Acuerdo de Escazú es el primer tratado en América Latina y el Caribe dedicado específicamente a la defensa de los ecologistas y la transparencia en cuestiones ambientales. Este compromiso es particularmente relevante para Colombia, considerado uno de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente según Global Witness, con 60 asesinatos registrados de estos activistas en 2022.
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La trayectoria del Acuerdo de Escazú en Colombia comenzó con la firma del pacto por el expresidente Iván Duque en 2019. Posteriormente, el Congreso lo ratificó en 2021, pero la entrada en vigor estaba condicionada a la validación por parte de la Corte Constitucional. Con el reciente aval, Colombia formaliza su compromiso con los principios y obligaciones del tratado.
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Entre los compromisos adoptados por el Estado colombiano, destacan la protección efectiva de los defensores ambientales y la garantía de un entorno seguro para su ejercicio, así como promover la transparencia en la gestión de información ambiental. Estas medidas se orientan a fortalecer la participación ciudadana en decisiones que afectan el medio ambiente, asegurando además que las voces de los ecologistas sean escuchadas y protegidas.
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El presidente Gustavo Petro celebró la decisión de la Corte a través de sus redes sociales, subrayando la importancia del Acuerdo para el país. En sintonía, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, expresó su satisfacción, destacando la pertinencia de esta ratificación en el contexto de la próxima Conferencia de las Partes (COP16), que se celebrará del 21 de octubre al 1 de noviembre en la ciudad de Cali.
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La aprobación de este acuerdo representa un paso significativo en la implementación de políticas públicas que buscan no solo la protección del medio ambiente, sino también garantizar que los activistas y defensores de estos derechos puedan llevar a cabo su labor en condiciones seguras. El Acuerdo de Escazú es el primer tratado internacional en la región de América Latina y el Caribe que incluye disposiciones específicas para la protección de defensores de derechos ambientales, una necesidad vital dado el riesgo al que se enfrentan estos activistas en muchos países de la región.