La situación política en Guatemala ha alcanzado un punto crítico tras la propuesta del fiscal Rafael Curruchiche de declarar nulas las elecciones presidenciales de agosto, que resultaron en la victoria de Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. Esta propuesta, anunciada en una conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala, ha sido rápidamente condenada por la Secretaría General de la OEA, que la calificó como un intento de golpe de estado por parte del Ministerio Público de Guatemala.

Curruchiche, un fiscal controvertido y señalado por corrupción por Estados Unidos, afirmó que presentará pruebas de las supuestas irregularidades al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para su análisis. Sin embargo, Blanca Alfaro, presidenta del TSE, ha rechazado estas declaraciones, asegurando que los resultados electorales son definitivos y no se repetirán las elecciones.

Desde su victoria en agosto, la Fiscalía ha intentado obstaculizar el avance de Arévalo hacia la presidencia con la apertura de varios procesos judiciales. Arévalo ha acusado al Ministerio Público y a su jefa, Consuelo Porras, de llevar a cabo un golpe de estado para impedir su toma de posesión. En respuesta a las declaraciones de Curruchiche, Arévalo ha reiterado estas acusaciones y ha defendido la integridad del proceso electoral.