De acuerdo a una investigación de ‘El País’, el gobierno nicaragüense, liderado por Daniel Ortega, ha facilitado en el último año más de mil vuelos chárter con personas de diversas partes del mundo que buscan llegar a Estados Unidos. La mayoría de estos viajes son organizados por contrabandistas, lo que ha generado alarma y preocupación a nivel internacional. El Ejecutivo nicaragüense cobraría entre 150 y 200 dólares a cada migrante por permitir su entrada al país, un negocio que ha prosperado en el turbamiento migratorio que actualmente enfrenta la región.
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Simultáneamente, Nicaragua se encuentra en el ojo del huracán tras las recientes acusaciones de un panel de expertos respaldados por la ONU. Este grupo de especialistas ha documentado abusos sistemáticos de derechos humanos que califica como equivalentes a crímenes contra la humanidad, realizados por el régimen de Ortega. Entre los episodios recientes de represión, se destaca la expulsión de diecinueve sacerdotes del país. Asimismo, la disminución o ausencia de culto en las áreas rurales se suma a las denuncias de esta represión creciente.
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El liderazgo de Ortega ha sido severamente criticado, y muchos observadores y expertos han señalado que Nicaragua vive bajo una dictadura. Esta situación se agrava con las continuas confiscaciones de propiedades a críticos del gobierno, una táctica que ha encendido alarmas a nivel internacional debido a sus implicaciones para los derechos de propiedad y la libertad de expresión.
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Las condiciones de represión también se reflejan en la vida cotidiana de los nicaragüenses, con restricciones crecientes a la libertad religiosa y a la movilidad interna. Este clima de opresión se acompaña, además, de un control férreo sobre los medios de comunicación y la sociedad civil, factores que intensifican las críticas contra el gobierno de Ortega.
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Estas acciones han generado un amplio rechazo de la comunidad internacional, con organizaciones de derechos humanos y gobiernos de diferentes países expresando su preocupación y pidiendo medidas por parte de organismos internacionales. Las acusaciones de crímenes contra la humanidad y las prácticas repressivas sistemáticas ponen en tela de juicio la legitimidad del gobierno nicaragüense y abren el camino para posibles sanciones y acciones legales en el ámbito internacional. Nicaragua ha sido foco de numerosas críticas internacionales no solo por su situación actual sino también por su historial de censura y control sobre la prensa desde hace más de una década.