La decisión de la administración Trump de retirar la ayuda económica y desmantelar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha tenido un impacto significativo sobre la frágil paz en Colombia. Desde 2001, USAID ha destinado alrededor de 3.900 millones de dólares al país, convirtiéndose en el mayor donante de Sudamérica para el desarrollo y la consolidación del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
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La asistencia estadounidense era fundamental para proyectos de desarrollo alternativo al cultivo de coca, operaciones antinarcóticos, programas de remoción de minas terrestres y el retorno de agricultores desplazados. Además, fondos y soporte logístico han ayudado a la Jurisdicción Especial para la Paz, que juzga crímenes de guerra tras un conflicto que dejó al menos 450.000 muertos, representando aproximadamente el 10% del apoyo extranjero al tribunal. El aporte incluyó kits de ADN y herramientas de investigación para resolver casos de desapariciones y delitos de lesa humanidad, abarcando a decenas de miles de víctimas y acusados en zonas rurales de difícil acceso.
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El cese de la financiación estadounidense, incluido el respaldo técnico del Departamento de Estado a operaciones de seguridad y remoción de minas, ha generado retrocesos prácticos para el ejército y la policía, situación que puede favorecer el avance de grupos criminales. La analista Elizabeth Dickinson, del International Crisis Group, consideró que se trata de “un cambio de paradigma radical”, dada la dependencia histórica de Colombia de la ayuda estadounidense.
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En municipios rurales y zonas donde persiste la presencia de grupos armados, 14 empleados o contratistas de USAID confirmaron que el financiamiento era vital para mantener la estabilidad y para prevenir el reclutamiento de jóvenes por organizaciones violentas. Parte de esta asistencia también permitió atender a más de 2,8 millones de migrantes venezolanos que llegaron a Colombia en la última década, posicionando al país como el mayor receptor mundial de esta población desplazada.
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La decisión de Washington no ha sido objeto de consenso en Colombia. Mientras sectores conservadores consideran que la ayuda resultaba ineficiente, sectores de izquierda la ven como una herramienta de injerencia. El presidente colombiano Gustavo Petro expresó en un discurso televisado: “Trump tiene razón. Tomen su dinero”, al criticar el uso de los fondos para actividades de migración y aduanas.
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Actualmente, Colombia enfrenta ocho conflictos armados activos, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, que advierte sobre el momento más crítico en materia humanitaria desde la firma del acuerdo de paz. Organizaciones sin fines de lucro vinculadas a la construcción de democracia y convivencia han tenido que cerrar ante la falta de recursos tras el retiro de USAID, según confirmó el senador Ariel Ávila.
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Por otra parte, la financiación estadounidense permitió mapear más de 3,2 millones de acres en zonas afectadas, facilitando la entrega de títulos de propiedad a campesinos y contribuyendo a la formalización de la tenencia de la tierra, un eje clave del pacto de paz. Sin estos recursos, gran parte del trabajo de la Agencia Nacional de Tierras está paralizado, incluyendo la identificación de tierras usadas para el cultivo ilícito y la formalización en localidades como Cáceres, donde 230 familias recibieron títulos a cambio de abandonar el cultivo de hoja de coca.
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El impacto es más severo en regiones como Catatumbo, en la frontera con Venezuela, donde la violencia ha repuntado. Desde enero, allí han muerto 106 personas y más de 64.000 han sido desplazadas, según datos del gobierno local. La suspensión del apoyo estadounidense obligó a organizaciones como Corporación Pride, dedicada a monitorear la violencia contra minorías, a cancelar operaciones, dejando sin asistencia legal y psicológica a sus beneficiarios.
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En este contexto, responsables del tribunal de paz señalan que la ralentización de su funcionamiento compromete la posibilidad de cumplir con el plazo de 15 años para emitir sentencias y responder a miles de víctimas. “La ayuda internacional es esencial para poder descubrir esa verdad”, dijo el presidente del tribunal, Alejandro Ramelli.
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La interrupción de la asistencia de USAID coincide con el aumento de las tensiones y el resurgir de enfrentamientos entre nuevos y antiguos grupos armados, complicando la estabilización nacional y dejando en suspenso la viabilidad de los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz colombiano.