El gobierno de Donald Trump ha decidido retirar a Estados Unidos del fondo de pérdida y daño, acordado en la cumbre climática de las Naciones Unidas COP28 celebrada a finales de 2023. Este fondo, diseñado para compensar a los países en desarrollo por los efectos irreversibles del cambio climático, como el aumento del nivel del mar, la sequía, inundaciones y otras catástrofes ambientales, comenzó oficialmente su operación el 1 de enero de 2025.

Estados Unidos, a pesar de retirarse del fondo climático global, sigue siendo el mayor emisor acumulado de CO2 del mundo, con un historial de emisiones que supera el de cualquier otra nación.
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Estados Unidos, siendo responsable de una porción significativa de las emisiones globales históricas de gases de efecto invernadero, se comprometió inicialmente a aportar $17.5 millones al fondo. Sin embargo, este monto representaba una parte menor del total acumulado de $741 millones prometido por 27 países hasta enero de 2025, una cifra que apenas cubre el 0.2% de las pérdidas climáticas estimadas que sufren las naciones en desarrollo anualmente.

Rebecca Lawlor, directora adjunta de la Oficina de Clima y Medio Ambiente, informó sobre la decisión a través de una carta enviada a los administradores del fondo, notificando que la salida del acuerdo sería inmediata. La decisión fue rápidamente condenada por diversos defensores climáticos internacionales, que calificaron la acción como un paso atrás en la diplomacia global climática, además de ser un revés significativo para la cooperación internacional en la lucha contra los efectos del calentamiento global.

La creación del fondo representó un logro histórico para las naciones en desarrollo, que por años abogaron por un sistema de apoyo financiero que reconociera la desproporcionalidad entre los países que contribuyen al cambio climático y aquellos que más sufren sus consecuencias, a pesar de ser los menos responsables. La retirada de Estados Unidos, en este contexto, aumenta la incertidumbre sobre la capacidad del fondo para cumplir adecuadamente sus objetivos.

La salida de Estados Unidos del acuerdo no solo afecta las relaciones internacionales en torno al cambio climático, sino que también podría tener implicaciones domésticas. En años recientes, Estados Unidos ha enfrentado consecuencias severas del cambio climático, tales como incendios forestales masivos en Los Ángeles y graves inundaciones en Florida y los Apalaches del Sur. A pesar de estos impactos, la administración Trump continúa impulsando políticas que priorizan los combustibles fósiles frente al desarrollo de energías renovables.

Con el retiro, el gobierno de Trump refuerza su enfoque hacia la producción de petróleo y gas con iniciativas como "perforar, perforar, perforar", lo que algunos expertos consideran un golpe al sector renovable en crecimiento. La acción también plantea preocupaciones sobre cómo Estados Unidos atenderá las problemáticas climáticas tanto a nivel nacional como internacional sin mecanismos de cooperación global.

El fondo de pérdida y daño, todavía en una etapa inicial de operativo, no solo busca compensar las pérdidas económicas y no económicas de las naciones más vulnerables, sino también establecer un precedente de justicia climática en las negociaciones globales. Sin embargo, con Estados Unidos fuera de la ecuación, su implementación y efectividad quedan en cuestión.