El ataque ocurrido el 23 de marzo de 2025 en la ciudad de Rafah, Gaza, se saldó con la muerte de 15 trabajadores humanitarios. Las víctimas incluyeron ocho paramédicos de la Media Luna Roja, seis empleados de defensa civil y un colaborador de la ONU. Los hechos sucedieron cuando las fuerzas israelíes dispararon contra ambulancias claramente identificadas, que se dirigían a atender a personas heridas.
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Tras el incidente, los cuerpos de los trabajadores humanitarios fueron enterrados en una fosa común excavada de forma poco profunda, y los vehículos de emergencia fueron destruidos con maquinaria pesada. Días después, una autopsia reveló que muchos de los fallecidos presentaban heridas de bala a corta distancia, aunque la investigación militar israelí no encontró indicios de que hubieran sido ejecutados o que los cuerpos estuvieran atados.
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La investigación interna del ejército israelí concluyó que se produjeron "errores profesionales" e "incumplimientos de órdenes". El análisis identificó que el subcomandante a cargo no reconoció las ambulancias debido a "mala visibilidad nocturna", a pesar de que los vehículos portaban marcas y luces encendidas. Como consecuencia, se destituyó a uno de los subcomandantes y se amonestó a otro oficial, pero no se aplicaron medidas penales.
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El ejército israelí afirmó que seis de los fallecidos pertenecían a Hamás, sin proporcionar pruebas que respaldaran esta acusación. La investigación argumentó además que los soldados creyeron estar bajo amenaza, disparando por considerar sospechoso el acercamiento de las ambulancias. Sin embargo, un video recuperado de uno de los paramédicos mostró que los vehículos estaban debidamente identificados y con las luces de emergencia activadas, contradiciendo la versión militar.
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Este ataque fue denunciado internacionalmente, generando llamados contundentes a una investigación independiente y exhaustiva, especialmente por parte de la ONU y organizaciones de derechos humanos, que criticaron la falta de independencia de la pesquisa israelí. La respuesta militar fue considerada insuficiente por diversos grupos, quienes señalaron que la ausencia de sanciones penales representa un obstáculo para la justicia y el respeto al derecho internacional.
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El ataque en Rafah se inscribe en un contexto de violencia sostenida en la Franja de Gaza. Desde octubre de 2023, la ONU ha documentado la muerte de al menos 412 trabajadores humanitarios en la región.