Una protesta de jubilados frente al Congreso en Argentina derivó en violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía, resultando en más de un centenar de detenciones y unos 20 heridos. Entre los heridos, se encuentra un fotógrafo en estado crítico tras recibir un impacto de gas lacrimógeno en la cabeza.

El Gobierno, encabezado por el presidente Javier Milei, atribuyó los disturbios a un grupo de hinchas de fútbol organizados, conocidos como "barrabravas". Según declaraciones oficiales, estos barrabravas estarían respaldados por sectores del kirchnerismo en un supuesto intento de golpe de Estado. Guillermo Francos, jefe de Ministros, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, respaldaron estas acusaciones. Sin embargo, hasta el momento, no se han proporcionado pruebas que confirmen estos señalamientos.

La ministra Bullrich afirmó que el Gobierno no permitirá que se reinstale un clima de violencia en Argentina y señaló específicamente a los jefes comunales de La Matanza y Lomas de Zamora, distritos que han tenido vínculos históricos con el kirchnerismo. La Casa Rosada considera que hay intenciones de desestabilización organizadas por caudillos peronistas.

La protesta de los jubilados, que llevan ya cinco años manifestándose semanalmente debido a los elevados costos de vida y pensiones insuficientes, alcanzó su punto más conflictivo tras la represión bajo los nuevos protocolos "antipiquetes". Estos lineamientos permiten el uso de la fuerza para disolver manifestaciones que bloqueen el tránsito. Los jubilados, cuya pensión promedio es de aproximadamente 350 dólares al mes, enfrentan serias dificultades para cubrir el costo de la canasta básica.

En esta última manifestación, la violencia policial desató la ira de diversos sectores de la sociedad. Hinchas de clubes como Chacarita, Boca, River, Independiente y Racing expresaron su solidaridad con los jubilados, sumándose a la marcha. Sin embargo, el Gobierno aseguró que estos simpatizantes no actuaron de forma espontánea, sino que respondían a una estrategia organizada.

Mientras tanto, la figura de Javier Milei atraviesa una caída en su popularidad, ya que por primera vez desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023, las encuestas registran una imagen negativa superior a la positiva. Además, el Gobierno enfrenta nuevos desafíos con investigaciones por el escándalo de la criptomoneda $Libra, supuestamente vinculada a su hermana Karina Milei. Este fraude financiero también ha atraído la atención de la justicia estadounidense y podría derivar en procedimientos judiciales.

El panorama político se torna más complicado para Milei, ya que la oposición en el Congreso avanza con la investigación en su contra, planteando la posibilidad de un juicio político. Además, la CGT, la principal central sindical, ha anunciado una huelga nacional de 24 horas antes del 10 de abril. Mientras tanto, los jubilados tienen programada una nueva marcha, esta vez con el apoyo de sindicatos de la CTA el próximo miércoles, lo que añade presión al Ejecutivo.

Los recientes enfrentamientos marcan uno de los momentos más críticos desde el inicio de la gestión de Milei, evidenciando las dificultades del Gobierno para mantener el control en las calles y gestionar la creciente frustración social.

Las movilizaciones de los jubilados en Argentina se han sostenido semanalmente durante cinco años, convirtiéndolas en una de las expresiones de descontento social más constantes y prolongadas del país.