El 11 de junio de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó un decreto respaldado por todo su gabinete que convoca a una consulta popular en torno a temas laborales y sanitarios de relevancia nacional. El anuncio se realizó en Cali, donde el mandatario también llamó a sindicatos a manifestarse en apoyo de la iniciativa.
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La consulta propuesta permitirá a los ciudadanos pronunciarse sobre doce preguntas enfocadas en derechos laborales y en el sistema de salud. Petro precisó que el decreto podría ser derogado antes de la votación si el Congreso responde de manera satisfactoria a las demandas reflejadas en las preguntas de la consulta.
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El panorama político y legislativo se encuentra en un punto crítico. Al momento de la firma del decreto, el Senado continuaba debatiendo una reforma laboral que incorpora, entre otros puntos, un pago adicional del 100% por laborar en días festivos y dominicales, así como un recargo nocturno a partir de las 19:00 horas aplicable a todas las empresas del país. Aunque Petro ha objetado varias de las modificaciones introducidas al proyecto original de su gobierno, gran parte de su iniciativa inicial fue aprobada en el proceso legislativo.
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Sin embargo, el proceso ha sido objeto de fuertes críticas desde distintos sectores. Reconocidos juristas como Rodrigo Uprimny han señalado que el decreto podría carecer de fundamento constitucional y advierten que su implementación establecería un peligroso precedente para el Estado social de derecho en Colombia. En su análisis, Uprimny mencionó la posibilidad de extralimitación de las competencias presidenciales en la emisión del decreto.
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El presidente sostiene la legalidad de la medida, argumentando que en mayo se produjo un supuesto fraude durante una votación en el Senado relativa a su primera propuesta de consulta popular. Según Petro, el silencio legislativo le otorga la potestad de proceder con la convocatoria mediante decreto.
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El anuncio generó reacciones inmediatas en el Congreso, que al momento había suspendido la sesión plenaria para intentar alcanzar un acuerdo sobre la reforma laboral. Tras la divulgación del decreto presidencial, los debates se reanudaron sin lograr consensos, y las divisiones entre partidos se profundizaron.
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A la par, nueve partidos de oposición declararon que no reconocen a Petro como garante del proceso electoral, sumando presión a un escenario político ya de por sí tenso. El clima de polarización se agudizó tras el reciente intento de asesinato contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, circunstancia que ha incrementado las críticas y la desconfianza hacia el gobierno nacional.
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La convocatoria a consulta popular ocurre en un contexto en que los poderes Ejecutivo y Legislativo enfrentan un conflicto abierto respecto al alcance de sus competencias y a la legitimidad de los canales de participación ciudadana, lo que coloca a Colombia ante una coyuntura institucional delicada.