El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que se opondrá a los desembolsos recientes y futuros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras instituciones financieras internacionales dirigidos a empresas controladas por el gobierno chino en Colombia, alegando preocupaciones de seguridad regional. Esta postura se da tras la firma de un acuerdo de Colombia con China que formaliza la adhesión del país a la Nueva Ruta de la Seda, aunque dicho acuerdo no representa un tratado vinculante ni implica obligaciones legales para las partes.
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El Metro de Bogotá, considerado el mayor proyecto de inversión de Colombia, se encuentra en el centro de la controversia. A finales de 2023, el BID aprobó una línea de crédito por 415 millones de dólares destinada a la construcción de túneles, estaciones y la adecuación urbana para la Línea 2 del sistema, cuyo proceso de licitación internacional sigue en curso. En paralelo, la Línea 1, que se prevé inaugurar en 2028, está siendo ejecutada por un consorcio que incluye a las empresas chinas China Harbour Engineering Company Limited y Xi’An Metro Company Limited. Este mismo proyecto ha recibido apoyo financiero del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), parte del Banco Mundial, sumando recursos internacionales estratégicos.
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La postura de Estados Unidos no solo afecta a Colombia, sino que se extiende a otros países de la región que han adherido a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, entre ellos Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú y Brasil. Washington sostiene que no es admisible que los fondos provenientes de los contribuyentes estadounidenses sean canalizados hacia empresas estatales chinas a través de organismos multilaterales en América Latina.
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En medio de este escenario, el presidente colombiano Gustavo Petro realizó una visita a Pekín para participar en la reunión entre China y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), donde sostuvo un encuentro con el presidente Xi Jinping. Durante su intervención, Petro manifestó la intención de reducir el déficit comercial con China, cifrado en 14.000 millones de dólares anuales, y buscar una mayor centralidad internacional para Colombia. El gobierno chino, por su parte, prometió una nueva línea de crédito regional superior a 9.000 millones de dólares, reforzando sus compromisos de cooperación en ámbitos como transición energética, agroindustria, movilidad e inteligencia artificial, contemplados en el acuerdo bilateral.
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La reacción de Estados Unidos se produce en un contexto de reducción de su influencia en Colombia, acentuada por el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que anteriormente aportaba cerca del 70% de la ayuda humanitaria al país. El giro de la política exterior colombiana hacia China ha generado inquietud sobre posibles repercusiones en las exportaciones a Estados Unidos, donde productos como rosas y café tienen especial relevancia.
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La postura estadounidense frente a las inversiones chinas en Colombia se fundamenta en preocupaciones de seguridad y en el rechazo al uso de fondos de organismos multilaterales para subsidiar compañías chinas. El Metro de Bogotá y otros proyectos de infraestructura se mantienen bajo especial vigilancia en este marco de tensión internacional.