Tras más de tres años de conflicto en Ucrania y el incremento de la tensión nuclear, Europa vive un momento excepcional en materia de seguridad. Rusia, que ha reformulado su doctrina militar permitiendo el uso de armas nucleares ante ataques convencionales, trasladó parte de su arsenal atómico a Bielorrusia y mantiene bajo máxima alerta a sus fuerzas de disuasión. Además, Moscú ha amenazado reiteradamente con emplear armas nucleares tácticas en territorio ucraniano.
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Ante este escenario, Francia ha renovado su disposición de ofrecer su arsenal nuclear a los socios europeos. La propuesta de ampliar la protección nuclear francesa fue planteada por el presidente Emmanuel Macron, aunque ya la había expuesto en 2020. Esta vez, la iniciativa cobra mayor relevancia debido a la percepción de un "cambio profundo en la geopolítica estadounidense", como señaló Donald Tusk, primer ministro de Polonia, quien en marzo defendió la seguridad de su país mediante la opción nuclear.
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Alemania, Polonia, Dinamarca y Lituania han mostrado interés explícito en las bombas nucleares francesas. Países vecinos como Letonia y Lituania, así como Dinamarca, han agradecido a Macron por la apertura del debate, al tiempo que subrayan la necesidad de contemplar todas las alternativas para su defensa. Friedrich Merz, próximo canciller alemán, llamó a mantener conversaciones para complementar el “escudo nuclear estadounidense” con aportes europeos.
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El interés por el paraguas nuclear francés tiene también un importante trasfondo económico y político. Francia destinó más de 5.800 millones de euros para mantener su arsenal atómico en 2024. La disuasión nuclear es centralizada, siendo prerrogativa del presidente francés decidir su eventual uso. Sin embargo, la transferencia de armas nucleares a otros países se enfrenta a exigentes obstáculos legales: requeriría la salida de Francia del Tratado de No Proliferación Nuclear, así como reformas constitucionales en naciones receptoras, caso de Lituania.
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Simultáneamente, la preocupación por la frontera oriental impulsó una reorientación defensiva sin precedentes. El 19 de marzo de 2025, Polonia, Lituania, Letonia y Estonia anunciaron su retirada del Tratado de Ottawa, que prohíbe las minas antipersona, medida seguida por Finlandia dos semanas después. El objetivo es reforzar sus barreras defensivas ante posibles incursiones rusas. Karlis Neretnieks, general retirado de Suecia, sugirió que su país debería abandonar igualmente dicho tratado, acentuando la tendencia regional.
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Este giro tiene consecuencias humanitarias significativas. En 2023, cerca de 2.000 personas murieron y más de 3.600 sufrieron graves lesiones a causa de minas antipersona en 50 países; el 84% de las víctimas eran civiles, principalmente niños y mujeres. La masiva utilización de estos dispositivos por parte de Rusia ha contaminado amplias áreas ucranianas, representando un riesgo duradero para la población.
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Los desafíos políticos y legales son notables. Ceder armas nucleares francesas a socios europeos implicaría modificar tratados internacionales y legislaciones nacionales. Mientras tanto, la presión rusa y la percepción de menor compromiso de Washington con la seguridad europea refuerzan el debate sobre nuevas fórmulas de defensa colectiva en el continente.