El 14 de abril de 2025, el Parlamento húngaro aprobó una enmienda constitucional altamente controvertida que faculta al gobierno para prohibir eventos públicos organizados por comunidades LGBTQ+. Respaldada por 140 votos a favor frente a 21 en contra, la reforma cumplió con el requisito de mayoría de dos tercios en el parlamento de 199 escaños, marcando la decimoquinta modificación a la constitución desde su adopción por el partido Fidesz en 2011.

Entre las disposiciones principales, la enmienda refuerza una ley existente que ya restringe la organización de eventos LGBTQ+, incluyendo el popular desfile del Orgullo en Budapest, que históricamente convocaba a miles de participantes. Además, se implementará tecnología de reconocimiento facial para identificar a quienes asistan a eventos prohibidos, con multas de hasta 200,000 forints húngaros (equivalentes a 546 dólares) para quienes desafíen las restricciones.

La enmienda también incluye una cláusula sobre los derechos de los niños, estableciendo que su desarrollo moral, físico y espiritual debe prevalecer sobre otros derechos, como el de reunión pacífica. Asimismo, redefine el reconocimiento constitucional de sexos, limitándolo exclusivamente al masculino y femenino, lo cual implica la negación oficial de las identidades transgénero e intersexuales en el país.

Este cambio legislativo se produce en un contexto de tensiones crecientes. Antes de la votación, activistas y opositores intentaron bloquear la entrada al parlamento, utilizando bridas para encadenarse entre sí como protesta. Las fuerzas de seguridad intervinieron para retirar a los manifestantes y la votación procedió.

Organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos han criticado abiertamente la medida, calificándola como un retroceso en las libertades civiles y un paso hacia políticas autoritarias. Analistas comparan las acciones del gobierno húngaro con las medidas restrictivas implementadas en Rusia bajo el mandato de Vladimir Putin. Expertos legales argumentan que limitar los derechos de reunión podría estar en conflicto con la misma constitución nacional y con los compromisos de Hungría en materia de derechos humanos.

Otro aspecto de la enmienda incluye la posibilidad de suspender la ciudadanía húngara por hasta 10 años en casos de doble nacionalidad, si la persona es considerada una amenaza a la seguridad pública o a la soberanía nacional. Este robustecimiento de poderes gubernamentales respecto a la ciudadanía se suma a una ley aprobada en marzo de 2025, que restringe la representación o promoción de la homosexualidad en menores de edad, argumentando que protege a los niños de lo que el gobierno llama "propaganda sexual".

La enmienda no solo ha generado intensas reacciones internas, con miles de personas saliendo a la calle en protestas públicas, sino que también ha intensificado la presión diplomática sobre Hungría, un miembro de la Unión Europea, cuya relación con las instituciones comunitarias se encuentra ya deteriorada debido a medidas que muchos consideran contrarias a los valores democráticos del bloque.

A nivel local, quienes se oponen a la enmienda insisten en que esta decisión erosiona aún más el estado de derecho y elimina derechos fundamentales en un país que históricamente ha luchado por su libertad. Los manifestantes demandan la restauración de los derechos de reunión y expresión, proponiendo una acción coordinada para revertir estas políticas.

Este controvertido movimiento se alinea con una tendencia más amplia en Europa Central y del Este, donde algunos gobiernos han introducido leyes restrictivas en relación con las minorías sexuales, impulsando un debate encendido tanto dentro como fuera de sus fronteras.