El 11 de marzo de 2025, cerca de 50 jueces se reunieron en Washington para la bianual Conferencia Judicial, en el primer encuentro desde que Donald Trump asumió nuevamente la presidencia de Estados Unidos. Durante la reunión, el enfoque principal se desvió hacia la creciente inseguridad y aumento de amenazas que enfrenta la magistratura federal, revelando una preocupación inusual y generalizada en el entorno judicial.
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A puertas cerradas, el juez Richard J. Sullivan, presidente del Comité de Seguridad Judicial de la conferencia, presentó ante sus colegas la inquietud de un potencial retiro de las protecciones de seguridad a jueces federales por parte del presidente Trump, en analogía a la retirada de escoltas de seguridad a figuras como Mike Pompeo y John Bolton, ambos exfuncionarios clave de la administración, lo que se suma al historial de conflictos entre el ejecutivo y el poder judicial. Esta inquietud se da en un contexto donde el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos –creado en 1789 y parte del Departamento de Justicia– depende directamente de decisiones del presidente.
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Actualmente existen 94 puestos de alguaciles estadounidenses, quienes, bajo la supervisión del Departamento de Justicia, mantienen la seguridad judicial en cada distrito federal. Cifras oficiales indican que, entre 2019 y 2024, el número de jueces amenazados en Estados Unidos se duplicó. En ese mismo periodo, el país vivió episodios destacados como la impugnación de las elecciones de 2020 y la anulación del fallo Roe contra Wade por la Corte Suprema. En junio de 2022, tras la filtración del documento de la Corte sobre Roe, un hombre armado intentó asesinar al juez Brett M. Kavanaugh en su domicilio. En el verano de 2024, un alguacil disparó a un asaltante armado frente al domicilio de la jueza Sonia Sotomayor en Washington.
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El presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., destacó en su informe anual de 2024 un “aumento significativo en las amenazas identificadas en todos los niveles del poder judicial”. En las últimas semanas, los jueces federales y sus familiares han enfrentado amenazas de bombas falsas y múltiples casos de acoso, como la entrega masiva de pizzas anónimas a sus domicilios, interpretada como una táctica intimidatoria.
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Según Ron Zayas, director ejecutivo de la empresa Ironwall, el número de jueces que solicitaron protección de emergencia con su empresa es cuatro veces mayor que el promedio del año anterior; además, 40 jueces recurrieron a fondos personales para contratar servicios de seguridad, el doble que el 1 de enero de 2025.
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A pesar de este contexto, el financiamiento para la protección judicial se ha mantenido prácticamente sin cambios, con un presupuesto de 1.34 mil millones de dólares en 2024, apenas superior a los 1.26 mil millones en 2022, según cifras de la Oficina Administrativa de los Tribunales y el Servicio de Alguaciles. El presupuesto permanece congelado en los niveles de 2023 para el año fiscal 2025. El juez Robert J. Conrad Jr. advirtió en una carta al Congreso fechada el 10 de abril sobre el estancamiento de los fondos ante un entorno agravado por amenazas crecientes contra los jueces federales y los tribunales.
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El Servicio de Alguaciles declaró que actúa “bajo la dirección de los tribunales federales” y que su misión fundamental es la “protección de jueces, jurados y testigos”. Sin embargo, el reciente incremento de funciones, como la nueva facultad otorgada en enero de 2025 para ejecutar leyes de inmigración, ha suscitado temor entre los jueces acerca de que las prioridades del servicio puedan dispersarse aún más y afectar la protección judicial.
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La preocupación sobre la supervisión directa del Servicio de Alguaciles no es nueva; un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de 1982 alertó sobre la “condición de gestión inviable” y sugirió transferir el control de la agencia al poder judicial. Actualmente, miembros del Congreso, como el representante Eric Swalwell, trabajan en iniciativas legislativas para garantizar mayor independencia en la protección judicial, mientras que otros, como el republicano Darrell Issa, consideran legítimo debatir el modelo supervisión.
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La administración Trump, cuestionada por la reducción de la seguridad de exfuncionarios como Pompeo y Bolton, ha negado cualquier intención similar con los jueces. Harrison Fields, portavoz de la Casa Blanca, calificó estas preocupaciones como “especulación peligrosa e irresponsable”.
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Las tensiones también se agravan por recientes decisiones internas: el 15 de abril, Mark P. Pittella, director interino del Servicio de Alguaciles, remitió una carta a más de 5,000 empleados ofreciendo la oportunidad de renunciar voluntariamente con más de cuatro meses de licencia remunerada, dentro de las medidas de recorte de personal impulsadas por el Departamento de Eficiencia Gubernamental vinculado a Elon Musk. La propuesta abarca todas las áreas, incluida la protección de jueces, aunque la agencia aseguró que evaluará que estas bajas no impacten su misión fundamental.
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Voces como la del exdirector del Servicio de Alguaciles durante el mandato de Joseph R. Biden Jr., Ronald Davis, advirtieron sobre una potencial “crisis constitucional si un presidente se niega a hacer cumplir una orden judicial federal” y sugirieron salvaguardas ante eventuales interferencias del ejecutivo.
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En este escenario, la carga sobre los alguaciles aumenta mientras los jueces federales y el Congreso buscan soluciones que garanticen la protección independiente y eficaz del poder judicial en un clima de incertidumbre, amenazas crecientes y tensiones entre poderes del Estado.