La administración Trump enfrenta un importante revés legal tras la decisión del juez de apelaciones James Boasberg, quien rechazó el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para llevar a cabo deportaciones masivas de migrantes venezolanos sin ofrecerles audiencias previas. La controvertida iniciativa, anunciada mediante una proclamación presidencial el pasado 15 de marzo de 2025, había sido presentada como una medida justificada por las actividades del Tren de Aragua, un grupo criminal venezolano cuya violencia habría motivado la huida de gran parte de los migrantes afectados.

En una exhaustiva audiencia, el juez Boasberg justificó su dictamen citando que los principios legales más básicos protegen el derecho de cualquier inmigrante a impugnar su deportación. En una declaración contundente, aseguró que los migrantes venezolanos se enfrentaban a circunstancias legales más severas que aquellas que enfrentaron ciudadanos bajo regímenes autoritarios del pasado. Su decisión generó un fuerte rechazo por parte del expresidente Trump, quien calificó al juez como un "lunático radical de izquierda" y exigió su destitución. Además, la administración Trump solicitó formalmente a la corte de apelaciones que elimine la medida que bloquea el uso de la ley en cuestión.

A pesar de la orden judicial, se informó la deportación de cerca de 200 migrantes venezolanos a El Salvador, incluyendo a un joven artista de maquillaje de 23 años que fue recluido en la prisión de Cecot sin haber tenido oportunidad de defenderse en un tribunal. Este episodio ha intensificado el escrutinio sobre las políticas migratorias de la administración, particularmente después de que se revelara que más del 40% de los deportados carecían de antecedentes penales hasta mediados de febrero de 2025. Entre las organizaciones defensoras de derechos civiles se han acumulado denuncias que califican estas acciones de injustas e insensibles.

El impacto en las comunidades venezolanas deportadas ha sido devastador. Los migrantes han reportado sentimientos de angustia e incertidumbre, especialmente aquellos que fueron devueltos a territorio estadounidense tras su expulsión inicial hacia El Salvador. Varios expresaron temores sobre su seguridad y la posibilidad de reintegrarse en un entorno hostil. Mientras tanto, la polémica decisión de usar una ley centenaria destinada originalmente a conflictos bélicos o "invasiones" ha levantado cuestionamientos no solo legales, sino también éticos, dejando el futuro de estas políticas en el aire.

La Ley de Enemigos Extranjeros, ratificada en 1798, inicialmente fue concebida para deportar individuos considerados enemigos en tiempos de guerra o invasión. Su invocación en este contexto ha sido uno de los intentos más controvertidos de utilizar una legislación histórica en la política migratoria actual de EE. UU.