El juicio contra Chiquita Brands ha llegado a su fin en Estados Unidos. La multinacional exportadora de banano fue demandada por miles de campesinos y pobladores de Córdoba y el Urabá antioqueño, en Colombia, por su presunta financiación a grupos paramilitares durante los años noventa. El monto total de esta financiación asciende a 1,7 millones de dólares. Los jurados están actualmente reunidos para determinar su veredicto, que podría ser emitido en las próximas horas o días. En el transcurso del juicio, que ha suscitado gran interés mediático e implicaciones empresariales, se presentaron testimonios, pruebas documentales y alegatos tanto a favor como en contra de Chiquita Brands. La empresa admitió haber efectuado los pagos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), argumentando que fueron producto de extorsiones y amenazas. Este argumento, sin embargo, ha sido objeto de intensa disputa durante el proceso judicial. Chiquita Brands realizó estos pagos entre 1997 y 2004, un periodo durante el cual el gobierno estadounidense ya había designado a las AUC como una organización terrorista. Los pagos coincideiron con eventos violentos, incluyendo masacres y desplazamientos en la región de Urabá, afectando gravemente a sus comunidades. Además, la alta gerencia de Chiquita Brands en Cincinnati aprobó estos pagos, registrándolos como costos de servicios de seguridad para obtener beneficios fiscales en EE.UU. El caso también reveló que Chiquita Brands facilitó la recepción de un cargamento de armas y municiones destinado a los paramilitares en sus instalaciones portuarias en Urabá. La conducta de la empresa ha sido categorizada como "moralmente repugnante" por el Departamento de Justicia estadounidense, subrayando que Chiquita Brands continuó financiando a los paramilitares a pesar de ser conscientes de sus acciones violentas.