Luis Carlos Reyes, conocido como Mr. Taxes y exministro de Comercio de Colombia, ha generado una tormenta política en el país tras denunciar casos de clientelismo y tráfico de influencias al interior del gobierno. Las revelaciones incluyen un detallado registro en una hoja de Excel donde recopiló las solicitudes de políticos influyentes para designar a familiares y amigos en diferentes cargos públicos.

Reyes afirmó de manera contundente que estas presiones provinieron de varios líderes, incluyendo al propio presidente Gustavo Petro, y a su hermano, Juan Fernando Petro. Según lo relatado, las demandas de funcionarios para obtener cargos influyentes llegaron a ser tan recurrentes que decidió estructurarlas en un documento, listado que posteriormente presentó de forma pública y entregó a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. Sin embargo, la fiscalía no abrió procesos judiciales debido a que recomendar nombramientos no está tipificado como un delito en la legislación colombiana.

Uno de los temas abordados por el exfuncionario fue el sistema conocido como “cupos indicativos”, descrito como una práctica profundamente arraigada desde principios del siglo XXI. Este mecanismo permite a los congresistas elegir proyectos a financiar dentro del presupuesto nacional, lo cual, según Reyes, fomenta el clientelismo al convertirse en una moneda de cambio político.

El término "cupos indicativos" ha sido utilizado en Colombia desde principios del 2000 para describir una práctica informal que otorga a los congresistas cierto control sobre el destino de presupuesto público, siendo una de las fuentes más criticadas por propiciar el clientelismo político.

En sus declaraciones, no solo acusó a figuras públicas ligadas al gobierno, sino que también especificó nombres clave. Mencionó que Armando Benedetti, actual ministro del Interior, y Roy Barreras, destacado operador político, lo presionaron para realizar nombramientos específicos. Ambos han negado las acusaciones y han anunciado acciones legales en su contra. Asimismo, denunció que Laura Sarabia, canciller y cercana colaboradora del presidente, tuvo injerencias políticas que influyeron en su renuncia, aceptada por el presidente Petro el 7 de marzo de 2025.

En el ámbito familiar del mandatario, Reyes reveló que Nicolás Petro, hijo del presidente, y la suegra de Benedetti, Adelina Covo, solicitaron influir en nombramientos dentro de las aduanas de Cartagena y Barranquilla. Además, agregó que Day Vásquez, esposa de Nicolás y testigo clave en un proceso judicial en su contra, también se involucró en estas peticiones.

Luis Carlos Reyes ha destacado que su intención no es otra sino exponer lo que considera un sistema profundamente corrupto que requiere reformas urgentes. En este sentido, señaló estar dispuesto a enfrentar represalias legales y políticas por sus denuncias. Estas acusaciones llegan en un contexto donde el clientelismo y tráfico de influencias representan prácticas percibidas como comunes dentro del espectro político de Colombia, lo que agrava la percepción de corrupción en el país.

Mientras tanto, estas denuncias han provocado una fuerte reacción mediática y política, poniendo en jaque al gobierno de Gustavo Petro. Dentro del panorama político, diversos actores han debatido sobre la veracidad de las declaraciones y el impacto que pueden tener en futuros procesos judiciales y administrativos. Tanto Armando Benedetti como Roy Barreras han rechazado categóricamente las acusaciones y aseguran que adoptarán acciones legales para salvaguardar su honorabilidad.

La postura de Reyes, resaltada por su meticuloso registro documental, ha abierto un debate nacional sobre las prácticas clientelistas en las administraciones gubernamentales y los límites éticos en el manejo del poder. Este escándalo ha puesto nuevamente bajo la lupa las dinámicas entre el poder político y las estructuras de gobierno en Colombia.