En un giro significativo, el gobierno de Noruega ha detenido sus planes para la minería en el fondo del mar en el Ártico, una decisión inducida por la presión del partido de izquierda socialista (SV). Este partido amenazó con retirar su apoyo al presupuesto gubernamental a menos que se suspendieran las licencias programadas para la primera mitad de 2025. La decisión ha sido celebrada por activistas y grupos ambientales como un "gran triunfo para la protección del océano".
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Noruega había proyectado permitir que las empresas solicitaran permisos para extraer minerales en un área extensa de 280,000 km² (equivalente a 108,000 millas cuadradas), lo que supera el tamaño del Reino Unido. Según los planes previos, la primera ronda de licencias se emitiría en 2025. Sin embargo, estos permisos ahora se postergarán al menos hasta el final del actual mandato gubernamental.
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Las reservas identificadas en la plataforma continental noruega incluyen metales cruciales como el cobre y elementos de tierras raras, esenciales para las tecnologías limpias del futuro. Pese a esto, la movida de Noruega había despertado inquietud en la comunidad internacional, con representantes de 32 países, incluidos Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá y Brasil, solicitando una moratoria sobre la minería en aguas profundas debido a implicaciones medioambientales.
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La WWF y otros grupos ambientales han presionado fuertemente al gobierno noruego, alegando que las consecuencias ambientales de tal minería no han sido suficientemente investigadas. Además, la Agencia Noruega de Medio Ambiente ha indicado que la evaluación de impacto ambiental actual no proporciona una base científica sólida para avanzar con los planes de minería.
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El primer ministro Jonas Gahr Støre ha señalado que, aunque las licencias se suspenden, el trabajo preparatorio, como la evaluación de impacto ambiental y la regulación, continuará. Aun así, activistas y científicos advierten que los efectos medioambientales de la minería en el fondo marino son impredecibles, y la práctica podría destruir ecosistemas y llevar a la extinción de especies.
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Cabe recordar que en enero de 2024, Noruega se convirtió en el primer país en aprobar la minería comercial en aguas profundas. Esta medida suscitó intensos debates sobre la sostenibilidad y la protección del ambiente marino. Las críticas apuntan a que Noruega intenta posicionarse como líder en la gestión sostenible de los océanos mientras planeaba permitir una actividad considerada destructiva.
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En el ámbito científico, expertos han destacado que las secuelas medioambientales podrían suponer un riesgo significativo para la biodiversidad marina, y los estudios sugieren que es complejo prever estos impactos a largo plazo.