El retorno de Donald Trump a la presidencia se ha traducido en un marcado impulso a la explotación de petróleo y gas, acompañado por políticas arancelarias que han generado cambios en el balance económico tanto para la industria de combustibles fósiles como para las energías limpias. Bajo la directriz de “drill, baby, drill”, la administración estadounidense prevé que la producción de petróleo alcance un máximo histórico de 15 millones de barriles diarios, superando los 13.5 millones de barriles diarios anteriores y revirtiendo las tendencias a la baja observadas en el periodo anterior.
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El incremento en la producción ha traído consigo un aumento sustancial en las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de proyectos activos y futuros en campos petroleros y gasíferos estadounidenses. Este repunte se produce tras una fase de reducción de emisiones durante la administración Biden y ha sido facilitado por más de 140 acciones iniciales ejecutivas enfocadas a revertir regulaciones ambientales y favorecer el uso de combustibles fósiles.
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Pese a que el crudo y el gas están exentos de la mayoría de las tarifas, los nuevos aranceles sobre materiales estratégicos como el acero, imprescindible para la construcción de ductos, han repercutido negativamente en las acciones de numerosas compañías del sector. Los mercados han registrado episodios de volatilidad e incertidumbre, ilustrados por la caída del precio del petróleo estadounidense por debajo de los $60 por barril, un nivel considerado insostenible para muchos operadores del sector.
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El enfoque restrictivo hacia las energías limpias marca otro punto de inflexión: se han detenido las aprobaciones de nuevos proyectos solares y eólicos en tierras y aguas federales. Además, se implementaron tarifas de hasta un 3,521% sobre importaciones de paneles solares provenientes de Vietnam, Camboya y Malasia, lo que impacta el crecimiento del sector renovable.
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A escala global, las implicaciones ambientales de la expansión de los combustibles fósiles han quedado en evidencia con la asignación de 23 licencias de exploración en cinco países en abril de 2025, abarcando 17,000 km². En el último año, se otorgaron 982 licencias de exploración de petróleo y gas, estimándose que al quemarse las reservas descubiertas se podrían liberar hasta 1,662.1 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2).
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En particular, las licencias concedidas en Rusia e Israel suponen alrededor de 20 millones de toneladas de CO2 en emisiones incorporadas. Israel emitió permisos equivalentes a 0.1 millones de barriles de petróleo y 241.9 mil millones de pies cúbicos de gas, cuya combustión generaría 14.9 millones de toneladas de CO2.
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El gasto total de capital en proyectos de exploración ascendió a $551.3 millones, con Rosneft, SOCAR y BP liderando la inversión, sumando entre ellas $297.5 millones. Para los próximos seis meses, se prevé la licitación de 464 bloques adicionales, que podrían suponer hasta 10,923.7 millones de toneladas de CO2 vinculados a futuras emisiones.
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Estas medidas configuran un escenario de mayor producción y exploración de combustibles fósiles, un retroceso en la expansión de energías limpias y un notable incremento de la incertidumbre tanto económica como ambiental, en el contexto de la política energética y comercial estadounidense y global.