En un contexto inédito desde el caso Microsoft de finales de los años 90, dos juicios federales en Washington han puesto sobre la mesa la opción de fragmentar a dos de las empresas más grandes del sector tecnológico: Google y Meta. En 2025, la Comisión Federal de Comercio (FTC) y el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) buscan revertir años de integración bajo el argumento de que ambas firmas ejercen un monopolio que afecta la competencia y la innovación.

El proceso contra Meta comenzó esta semana en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. La FTC sostiene que Meta, anteriormente Facebook, adquirió Instagram y WhatsApp —por un considerable sobreprecio hace más de una década— para eliminar competencia y consolidar su posición dominante en las redes sociales. El organismo reclama que se obligue a Meta a desprenderse de estas dos plataformas, sustentando su petición en que el crecimiento y éxito de Instagram y WhatsApp se utilizaron para barrer rivales y proteger sus ingresos.

Durante el juicio, Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, testificó. La defensa argumentó que tanto Instagram como WhatsApp han prosperado y crecido desde la adquisición, y que existen dinamismos competitivos, como la expansión de TikTok, que desmienten la idea de un monopolio incuestionable.

En paralelo, la próxima semana el Departamento de Justicia presentará sus alegatos en la fase de recursos contra Google, tras el fallo de agosto de 2024 del juez Amit P. Mehta, quien determinó que la empresa mantiene ilegalmente un monopolio en el sector de búsquedas por internet. Entre las recomendaciones del gobierno, se plantea que Google venda Chrome, su navegador web —que lidera el mercado—, y separe Android, el sistema operativo móvil más utilizado del mundo, o que se prohíba a la empresa condicionar el uso de sus servicios en dispositivos Android.

Google, por su parte, ha calificado las medidas propuestas como “exageradas” y con efectos adversos para los consumidores al supuestamente limitar la calidad de los productos disponibles. La empresa también anticipó que apelará cualquier orden judicial adversa.

Esta ofensiva judicial se inserta en una ola de casos antimonopolio recientes en Estados Unidos. El DOJ espera la resolución de otra demanda donde cuestiona el dominio de Google en tecnología publicitaria. Por separado, el gobierno mantiene litigios activos contra Apple por prácticas presuntamente restrictivas para el mercado del iPhone y contra Amazon por proteger su posición en el comercio minorista digital.

Históricamente, la instrumentación de desintegraciones forzosas ha tenido resultados dispares. El caso más citado es el de Standard Oil, empresa energética fundada en 1870 que fue dividida en 1911 en 34 compañías —muchas de las cuales se convirtieron en gigantes actuales como Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips— después de que el Tribunal Supremo determinara que controlaba la industria petrolera y fijaba precios de manera anticompetitiva. Más tarde, en 1982, se llegó a un acuerdo para desmantelar AT&T, acusada de monopolizar el sector de las telecomunicaciones en Estados Unidos. La operación dividió la telefonía local en siete “Baby Bells” e incentivó la competitividad y bajó los precios en servicios y equipos.

No todas las resoluciones implican una venta obligatoria. En 1969, IBM tuvo que separar la venta de su software y hardware como respuesta a demandas sobre prácticas monopólicas, lo que favoreció la aparición de la industria del software comercial, con Microsoft como uno de sus beneficiados. Cuando Microsoft enfrentó acciones por monopolio en 2001, evitó el desmembramiento, pero aceptó restricciones contra los contratos que limitaban la distribución de software de rivales.

Las recientes acciones judiciales muestran que la desintegración sigue siendo vista como una posible, aunque extrema, solución estructural. Para expertos como Fiona Scott Morton, profesora de economía en la Universidad de Yale, sanciones sin ruptura también pueden estimular la competencia, como ocurrió en el caso de Microsoft. Otros, como Tim Wu de la Universidad de Columbia, sostienen que las medidas estructurales son “claras y autoejecutables”.

No obstante, toda desintegración enfrentaría apelaciones, y los tribunales muestran reticencias sobre el alcance de sus facultades para rediseñar mercados tecnológicos. La Corte Suprema reafirmó en 2021, al resolver un caso sobre la Asociación Nacional de Atletismo Universitario (NCAA), que los jueces deben evitar asumir el rol de “planificadores centrales” de la economía.

La serie de litigios antimonopolio contra grandes tecnológicas en Estados Unidos implica procedimientos prolongados, con potenciales años de apelaciones y efectos inciertos sobre la dinámica de competencia y el acceso a productos y servicios digitales.