El 28 de julio de 2025, la juez 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez, de 73 años, por el delito de soborno en actuación penal, en el caso relacionado con el testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda. Este veredicto, leído tras casi ocho horas de audiencia y más de 475 días de proceso judicial desde la apertura de la causa, convierte a Uribe en el primer exmandatario colombiano condenado en un juicio penal en la historia del país.

El proceso judicial, que se originó en 2012 cuando el exmandatario fue acusado de vínculos con el paramilitarismo, concluye una década de investigaciones y enfrentamientos jurídicos. Durante el juicio, la Fiscalía imputó a Uribe los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, sustentados en pruebas clave como interceptaciones telefónicas practicadas en marzo de 2018 por la Corte Suprema de Justicia y grabaciones hechas por el propio Monsalve con un reloj espía en la cárcel de La Picota. La validez de ambas pruebas fue reconocida por la jueza, quien detalló que las grabaciones “no fueron alteradas en su núcleo” y que las interceptaciones, aunque producto de un error, no constituyeron una falta dolosa sino un hecho involuntario.

Sandra Heredia consideró probado que Diego Cadena, abogado de Uribe, ofreció beneficios judiciales a Monsalve para que modificara su testimonio, manteniendo al tanto en tiempo real al exmandatario sobre estas gestiones. Asimismo, la jueza rechazó la defensa que sostenía que Monsalve actuó incentivado por supuestos privilegios carcelarios, subrayando que "no se logró acreditar que tuviera beneficios diferenciados a los demás presos".

Heredia también desestimó la credibilidad de varios testigos presentados por la defensa, entre ellos abogados y reclusos, luego de evidenciar contradicciones e imposibilidad de probar que Monsalve hubiera buscado alterar su testimonio por razones distintas a las denunciadas ante la justicia. Por el contrario, la magistrada destacó la consistencia e idoneidad de la versión de Monsalve, remarcando que se sostuvo pese a presiones y hostilidad tanto dentro del penal como fuera de él.

La magistrada fue enfática al tachar de “disparatado” el argumento según el cual Uribe desconocía de las presiones a Monsalve, enfatizando que las acciones para influir en el testigo evidenciaron una coordinación sistemática. Subrayó la presencia de viajes, gestiones simultáneas y reuniones organizadas por personas sin vínculo previo, lo que descartaba cualquier actuación espontánea al margen de la voluntad de Uribe.

Durante la audiencia, que inició a las 8:30 de la mañana, Álvaro Uribe siguió el veredicto de manera virtual desde su finca en Antioquia. Afuera de los juzgados, la polarización del caso se manifestó en movilizaciones ciudadanas y un incidente de agresión entre manifestantes y simpatizantes del exmandatario.

El fallo ha generado una reacción inmediata en el ámbito político y judicial. La Corporación Jueces y Magistrados de Colombia pidió protección para la jueza Heredia por el alto nivel de controversia del caso. La Defensoría del Pueblo llamó a respetar la independencia judicial y la legitimidad de la decisión. El proceso judicial ha sido acompañado por cartas públicas tanto de sectores uribistas como de quienes respaldan al senador Iván Cepeda, víctima reconocida en el caso.

El proceso ratificado por Heredia también confrontó argumentos de la defensa dirigidos a descalificar pruebas obtenidas antes de que Uribe pasara al fuero ordinario tras su renuncia en el Senado en 2020. La jueza sostuvo que la decisión unilateral de renunciar al escaño para cambiar la jurisdicción no invalidó las actuaciones del alto tribunal durante los dos años previos, ya que “produce efectos solo a futuro”.

La sentencia, resultado de un caso que ha movilizado sectores sociales y políticos de todo el país, marca un antes y un después en la historia judicial colombiana y se produce en un clima político tenso, a menos de un año de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

El trámite de recursos y la determinación de las sanciones correspondientes seguirán conforme a la ley colombiana, en medio de un debate nacional sobre la justicia y la institucionalidad en la nación sudamericana.