El Consejo de Estado de Colombia ha anulado parcialmente el contrato GKT-081, otorgado en 2007 a la empresa Enco Mining S.A.S (actualmente D.D.I Mining) para la exploración y explotación de carbón en una zona que se superpone en un 25% con la reserva forestal de El Cocuy. Esta reserva se encuentra ubicada entre los departamentos de Santander y Boyacá. El contrato fue incluido en el Registro Minero Nacional en 2008.
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La anulación fue solicitada por la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’WA en 2015, argumentando que el contrato afectaba el Resguardo Unido U’wa. Este resguardo abarca una extensión de 220,275 hectáreas en los departamentos de Norte de Santander, Boyacá, Santander y Arauca. La Agencia Nacional de Minería (ANM) se opuso a la demanda, afirmando que no era necesario realizar una consulta previa antes de la firma del contrato ni para iniciar la exploración, ya que dicha consulta se realizaría solo después de determinar la viabilidad del proyecto.
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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en una decisión del 30 de julio de 2020, declaró la nulidad del contrato por no haberse realizado la consulta previa y por la superposición con la reserva forestal, donde la minería está prohibida. La ANM apeló, argumentando que el tribunal se había excedido al considerar el traslape con la reserva forestal, ya que este argumento no fue parte de la demanda original.

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Finalmente, el Consejo de Estado confirmó la nulidad parcial del contrato, reafirmando que las actividades mineras no están permitidas en zonas de reserva forestal, a menos que se realice una sustracción previa de estas áreas por parte de la autoridad ambiental. Este fallo se basa en un informe de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, que confirma el traslape del 25% de la zona afectada con la reserva forestal de El Cocuy, delimitada por la Ley 2 de 1959, anterior a la firma del contrato.
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El impacto de esta decisión es considerable, ya que pone en cuestión la viabilidad de los proyectos mineros en áreas de protección ambiental y resalta la importancia de la consulta previa con las comunidades indígenas afectadas. La consulta previa es un derecho fundamental para las comunidades indígenas, garantizando su participación en decisiones que afecten sus territorios.
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Con esta determinación, el Consejo de Estado de Colombia no solo resuelve un conflicto legal, sino que también subraya el compromiso del país con la protección de sus reservas naturales y el respeto a los derechos de las comunidades indígenas. La reserva forestal de El Cocuy es una de las áreas protegidas más importantes de Colombia, reconocida por su biodiversidad y los roles ecológicos esenciales que desempeña en la conservación de flora y fauna.