La Alcaldía de Cartagena ha sido objeto de fuertes críticas debido a la adjudicación directa de contratos por un valor de 49.118 millones de pesos a través de la Empresa de Desarrollo Urbano y Sostenible (Edurbe) entre enero y agosto de 2024. Según la Fundación Cívica por Cartagena (Funcicar), estos contratos fueron otorgados sin pasar por los procesos de licitación pública o selección abreviada, lo que ha generado serias preocupaciones sobre la transparencia y la competencia en las adjudicaciones.
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Funcicar ha señalado que las prácticas de adjudicación directa utilizadas por Edurbe han beneficiado a varias entidades. La Secretaría General de la Alcaldía lidera la lista con contratos por 19.345 millones de pesos, seguida por el Instituto Distrital de Recreación y Deportes (Ider) con 17.363 millones de pesos, Distriseguridad con 5.105 millones de pesos, Transcaribe con 3.999 millones de pesos, la EPA con 2.333 millones de pesos y la Localidad 2 con 970 millones de pesos.
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Entre los contratos específicos, destacan la demolición del Edificio Aquarela por 11.897 millones de pesos otorgado a Demoliciones Atila Implosión S.A.S., la limpieza de canales por 7.448 millones de pesos adjudicada a Solución en Construcción S.A.S., y las obras en Villa Olímpica, que recibieron 14.715 millones de pesos y fueron asignadas al Consorcio Villa Olímpica. Otros contratos incluyen obras en el Coliseo Bernardo Caraballo (2.649 millones de pesos) a DGR Proyectos y Servicios Integrales S.A.S., señalización en playas (5.106 millones de pesos) al Consorcio Infraplayas, obras en estaciones de Transcaribe (3.999 millones de pesos) al Consorcio Mtto Estaciones Transcaribe, obras en el Estadio de Softbol de Chapacúa (970 millones de pesos) a Dryco Construcción & Suministros S.A.S., y la limpieza de raíces de mangle (684 millones de pesos) a Ingeniería Integrada FCN S.A.S.
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Funcicar ha destacado que Edurbe ha cobrado 3.504 millones de pesos por la gestión de estos procesos, pese a no contar con el personal ni la maquinaria adecuada para ejecutar los contratos. Además, Edurbe no ha justificado por qué estas contrataciones no podrían haber sido gestionadas directamente por las entidades públicas involucradas.
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De los 11 contratos firmados, 9 se realizaron por invitación directa, lo que representa casi el 90% de los recursos subcontratados. Además, cuatro de las obras carecen de interventorías, a pesar de que la ley exige esta supervisión para contratos superiores a 1.300 millones de pesos.
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La situación se complica por el hecho de que Edurbe no tiene una gerencia en propiedad desde julio de 2024, a pesar de estar a cargo de obras que suman más de 47.000 millones de pesos. La falta de liderato gerencial y la opacidad en las adjudicaciones han generado una creciente preocupación entre los ciudadanos y las organizaciones de control.