Los habitantes de Catatumbo, en Colombia, han vivido en medio de conflictos armados durante casi medio siglo. Actualmente, enfrentan una de las peores crisis humanitarias debido a los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), específicamente el frente 33. Estos combates han resultado en al menos 60 muertes y han desplazado a 32,000 personas, según la Defensoría del Pueblo de Colombia.
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El presidente Gustavo Petro ha declarado la conmoción interior en la región del Catatumbo, que colinda con Venezuela y es conocida por ser una de las áreas con mayor concentración de cultivos de hoja de coca en el mundo. Esta situación se agrava con la falta de presencia estatal efectiva que permite que la violencia persista y que la economía cocalera se mantenga como la principal fuente de ingresos para muchos campesinos. La infraestructura deficiente y la ausencia de programas de desarrollo agrícola perpetúan este ciclo de violencia y pobreza.
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Catatumbo está compuesto por diez municipios: Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata. Diversos grupos armados han operado en esta región a lo largo de los años, incluyendo el ELN desde los años setenta, las FARC y el Ejército Popular de Liberación (EPL) desde los años ochenta, y grupos paramilitares desde 1999. La región cuenta con recursos naturales significativos, incluyendo petróleo y carbón, lo que la convierte en un objetivo atractivo para estos grupos armados.

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El ELN ha utilizado el narcotráfico como una fuente de financiamiento, a pesar de haber evitado involucrarse en esta actividad durante muchos años. Los acuerdos de paz de 2016, que buscaban transformar las economías de las regiones cocaleras, no han tenido éxito en Catatumbo, agravando el conflicto. En términos de violencia, se han reportado similitudes entre las acciones actuales del ELN y las tácticas de los grupos paramilitares en el pasado, incluyendo el desplazamiento forzado de comunidades.
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Entre mayo de 1999 y febrero de 2000, los paramilitares cometieron 25 masacres en los municipios de Tibú y El Tarra, desplazando a cientos de habitantes. Esta historia de violencia sigue resonando hoy en las acciones de los grupos armados presentes en la región.
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La defensora del Pueblo, Iris Marín, describió la situación como una de las crisis humanitarias más graves que ha enfrentado el Catatumbo. La declaración de conmoción interior busca restablecer el orden y la presencia del Estado en la región para mitigar la violencia y apoyar a los miles de desplazados que han tenido que abandonar sus hogares en búsqueda de seguridad.